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Medios, negocios y corrupción

Medios, negocios y corrupción

Columnas viernes 06 de diciembre de 2019 - 02:48

Uno de los problemas centrales en las relaciones de los medios con los gobiernos no solo reside en la búsqueda de publicidad oficial (que por lo demás es un propósito legítimo) sino —y aquí es donde hay grandes aristas— en utilizar a los medios como mecanismos de presión para fines meta periodísticos.
En esta lógica, hasta donde tengo conocimiento, ha quedado solo en el papel lo dispuesto en el artículo 25, fracción VII de la Ley General de Responsabilidades que incluye las faltas de particulares.
El citado precepto dispone que: “se valorarán mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses”, se entiende que no solo de la razón social del medio, sino de sus controladoras o relacionadas con el medio a través de los buenos oficios de la División de Inteligencia Financiera de la SHCP.
En el capítulo III de la citada Ley “De los actos de los particulares vinculados con faltas administrativas graves”, habría que rescatar el artículo 68, que es de importancia capital, el cual a la letra dice:
“Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público, con independencia de la aceptación del servidor o de los Servidores Públicos o del resultado obtenido”.
Gracias precisamente a esta conducta, ahora prohibida, muchísimos medios han hecho verdaderas fortunas haciendo de la corrupción un modus operandi que, a pesar de las disposiciones normativas, sigue gozando de cabal salud en el día a día, más en los estados y municipios que ahora en el Gobierno federal ( me refiero al Ejecutivo), donde el papel de garantizar el derecho a saber, el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información se han convertido en figuras retóricas, que en su nombre se cometen todo tipo de acciones ajenas a los valores que justifican y explican esos derechos y libertades.
Es común que los dueños de medios al mismo tiempo lo sean de otras empresas, que se convierten en proveedores de gobierno por la presión que hacen los medios como herramientas ilícitas (a la luz de lo previsto en el hay citado artículo 68 de la Ley General de Responsabilidades), sin que haya sido invocada por temor o por complicidad o por las dos cosas. Se debe empezar por el método de aproximaciones sucesivas. Lo que es inadmisible es no hacer nada.

Sumario
El presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, el ameritado jurista Eduardo López Betancourt, decano de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios jurídica del país, en un inédito ejercicio de rendición de cuentas y de compromiso con el derecho a saber, ha hecho del conocimiento de la opinión pública las limitaciones de ese cuerpo colegiado y su impacto en las agresiones, fundamentalmente a los alumnos y alumnas de la UNAM, que van del acoso a la agresión física y mental, sin que los responsables puedan ser sancionados por el intrincado sistema legal de la Universidad, que debe cambiar.

@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com


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/CR

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