Mesa va a auditoría si es vinculante; Evo accede

La ola de protestas contra la polémica reelección de Evo Morales escala en Bolivia, donde el gobierno propuso ayer al candidato opositor Carlos Mesa sumarse a una auditoría internacional del sufragio para intentar detener una violencia callejera.

Luego de protestas que entre ayer y antier dejaron al menos 40 heridos, cinco de ellos de bala, el vicepresidente Álvaro García propuso a Mesa, el “candidato perdedor, que se sume a la auditoría” de los comicios del 20 de octubre que estará en manos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Mesa, un centrista que ya fue presidente entre 2003 y 2005, respondió que sólo aceptará la auditoría “si (Morales) está dispuesto a no aceptar el resultado del Tribunal Supremo Electoral” mientras se realice la auditoría y le reconoce un “carácter vinculante”.

La respuesta llegó poco después a través del ministro de Comunicación, Manuel Canelas: “Nosotros nos sometemos a lo que concluya la auditoría”.

La auditoría, que fue acordada la semana pasada por el gobierno y la OEA y que aún no tiene fecha, será acompañada “por México, Paraguay y Perú”.

El pedido para que Mesa acepte la auditoría se produjo después que Morales acusara que seguidores del exmandatario pretendían cercar este martes el despacho presidencial en el marco de las protestas iniciadas la semana pasada en gran parte del país para denunciar un fraude electoral.

La oposición “ha decidido concentrarse y cercar la Casa Grande del Pueblo”, como llama Morales a la Casa de Gobierno, alertó el mandatario la noche del lunes ante una multitudinaria concentración de trabajadores y campesinos, que festejaron su triunfo electoral en El Alto, ciudad vecina de La Paz.

Morales, de 60 años y en el poder desde 2006, asegura que las protestas forman parte de un plan de “golpe de Estado” en su contra que, según dijo el domingo, la oposición había decidido ejecutar como máximo este martes.

Mesa, que pide la anulación de las elecciones, rechazó esas acusaciones y desafió el lunes al gobierno en una masiva concentración, especialmente de jóvenes universitarios, en un barrio acomodado de La Paz: “Aquí estoy, o voy a la cárcel o voy a la presidencia”.

El líder derechista del comité cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aliado de Mesa, llamó también a anular las elecciones. “Es lo más coherente” por el fraude, dijo.

Los opositores cuestionan el escrutinio de los comicios del 20 de octubre, que inicialmente anticipaba un balotaje, pero que tras un silencio de 20 horas en el conteo rápido de votos anunció unos resultados que presagiaban una victoria de Morales en primera vuelta, lo que generó sospechas y suspicacias. La autoridad electoral terminó confirmando el triunfo del presidente días después.

En La Paz, manifestantes opositores bloquearon calles y chocaron con agrupaciones de mineros y campesinos oficialistas provenientes de zonas andinas llegados para cercar la ciudad, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y cortar el suministro de alimentos y la provisión de agua potable.