POR LAURA ARANA
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá desecharon las controversias constitucionales que emitieron los ayuntamientos de Mexicali y Tijuana, Baja California contra la llamada Ley Bonilla que amplía el plazo de dos a cinco años de mandato del gobernador electo, al ser improcedentes, ya que aún no ha sido publicada la reforma constitucional en el Periódico Oficial de la entidad.
Los citados ministros —quienes presiden la Comisión de Receso de la SCJN—, afirmaron que, “las controversias
se desecharon por notoria improcedencia al haber sido promovidas en contra de actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general”.
Los ministros Yasmín Esquivel y Juan
Luis González Alcántara son de reciente ingreso al máximo tribunal, fueron propuestos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y ratificados por el Senado de la República.
Si bien la Corte no ha publicado el
texto completo del acuerdo de la Comisión, se informa que el desechamiento obedeció a que la reforma a la Constitución de Baja California aún no se concreta, al no haber sido publicada en el Periódico Oficial del estado.
Lo anterior, explicaron los representantes del máximo poder judicial,
Esquivel Mossa y González Alcántara, “no prejuzga la admisibilidad de medios de impugnación diversos o eventuales”.
Destacaron que la resolución no afectará las acciones que puedan emitirse en
un futuro contra dicha reforma constitucional estatal, siempre y cuando haya sido publicada.
Este martes el Congreso local declaró
en sesión extraordinaria, en una sede alterna y a puerta cerrada, la validez de la reforma constitucional, tras ser aprobada por diversos municipios del estado. Los diputados locales validaron la reforma al artículo 8 transitorio de la Constitución de la entidad, con la que se extiende el mandato del gobernador electo de Morena.
El mandatario panista, Francisco
Vega ha dicho que no publicará dicha modificación, por lo que, en un plazo máximo de 35 días, la reforma se publicará por orden directa del presidente del Congreso en funciones que corresponderá a la XXIII Legislatura.
Las controversias que fueron desechadas por adelantarse a los hechos,
fueron presentadas por el presidente panista de Mexicali, Gustavo Sánchez, quien detalló que, el recurso lo emitió porque “es mi obligación como alcalde de Mexicali el procurar que el Estado de derecho no sea violentado en el estado”.
En tanto, el alcalde de Tijuana, Juan
Manuel Gastélum, presentó el viernes un recurso similar. Sin embargo, aunque la modificación a la Constitución local fue aprobada originalmente el 9 de julio pasado por diputados incluso panistas y morenistas, fue hasta este martes cuando el Congreso de esa entidad validó la reforma con la que se amplía el periodo.
Ambos ayuntamientos afirmaron que los recursos impugnaban el proceso legislativo que llevó a la aprobación de la reforma para ampliar el periodo de gobierno.
Los alcaldes de Tijuana y Mexicali podrán volver a interponer los recursos ante la Corte, cuando regrese a sus labores el 1 de agosto. Los partidos políticos ya informaron que acudirán al máximo órgano, por ello el PRI urgió al PAN que el gobernador de Baja California publique ya la norma para proceder a la impugnación.