2019 ha sido un año crucial para las mujeres mexicanas en el espacio público; en junio fue aprobada la Reforma Constitucional de Paridad de Género en los órganos del Estado, la cual posibilitará la participación equitativa de hombres y mujeres en los 3 niveles y ámbitos de gobierno. Otra muestra de esto, es que esta legislatura del Poder Legislativo Federal se encuentra en paridad tanto en el Senado, como en la Cámara de Diputados, y ambas Mesas Directivas son presididas por dos mujeres.
Esto resulta significativo porque la paridad de género
en la integración de los poderes públicos suma a sectores históricamente marginados y pone sobre la mesa la incorporación de temas antes omitidos; por ejemplo, la violencia estructural contra mujeres y niñas, un fenómeno lastimosamente presente en los espacios públicos, privados y digitales.
Este año es también importante al conmemorarse el
vigésimo aniversario de la “Convención Belém Do Pará” en México. Este es el primer instrumento internacional de derechos humanos de las mujeres y está encaminado a conformar políticas públicas y mecanismos de protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
La violencia en contra de las mujeres constituye una
violación a los derechos humanos, a las libertades fundamentales y a la dignidad humana. Cualquier abuso físico, sexual o psicológico a las mujeres y niñas tanto
en los espacios privados como en los espacios públicos vulnera su integridad y sus opciones de desarrollo. Por
ello, es de interés público la generación y acceso a información sobre este tipo de violencia, a fin de identificar las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, y consecuentemente conformar acciones para prevenirla, sancionarla y eliminarla.
En ese sentido, la ponencia que encabezo puso a
consideración de mis colegas comisionados del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia un proyecto de resolución en donde se instruye a la Universidad Autónoma Metropolitana a dar respuesta a la solicitud de información que requería conocer el número de casos de violación, acoso, abuso y hostigamiento sexual suscitados entre 2006 y junio de 2019.
Contar con dicha información resulta importante para
conocer la magnitud del fenómeno que enfrentamos. Todos somos parte de la solución, desde nuestro ámbito de competencia estamos comprometidos con impulsar el derecho de acceso a la información como una vía para el ejercicio de otros derechos, entre ellos, los derechos de las mujeres.
A veinte años de vigencia de “Belem Do Pará” y en
un tiempo decisivo para las mujeres en los espacios públicos, reconozcamos lo que nos falta por hacer para frenar la violencia en el ámbito público, privado y digital.
Ejemplo de ello, son los esfuerzos alcanzados por las asociaciones civiles de mujeres para erradicar la violencia
digital a través de la denominada Ley Olimpia.
Es tiempo de honrar la acción de miles de mujeres que
abrieron la puerta a participación activa y la escucha de nuestra voz. Hagamos lo propio.
•Comisionada del INAI