En nuestro país las cosas suelen torcerse y cuando esto ocurre en el ámbito judicial, aún más. Es lo que ocurre con el caso Ayotzinapa, donde los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas van saliendo de prisión y donde ahora los esfuerzos de la Fiscalía General de la República (FGR) se concentran en tratar de meter a la cárcel a quienes tuvieron, en el pasado, la responsabilidad de la indagatoria.
Motivos hay, y de hace tiempo, para estar escandalizados. 147 personas fueron encarceladas por los sucesosno esclarecidos de aquella noche de espanto de hace cinco años.
Por diversos motivos, pero en general por fallas en las investigaciones y confesiones que el juez valoró como ilegales, 77 implicados ya están en las calles.
Un escándalo que muestra la ineficacia del Ministerio Público, las interpretaciones osadas y hasta increíbles del juzgador, pero también una trama de intereses políticos que hizo muy difícil el trabajo de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En efecto, el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que tenía la función de ayudar a esclarecer el crimen, se dedicó a sabotear el trabajo de los fiscales adscritos a la Unidad para el caso Ayotzinapa.
Buena parte de los ataques a las hipótesis del procurador Jesús Murillo Karam y en particular la que sostiene que los muchachos fueron quemados en el basurero de Cocula, provinieron de este grupo y sembraron dudas sin ayudar a fortalecer algún tipo de certeza.
Tomás Zerón, quien fungía como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fue uno de sus objetivos de ataque preferidos, porque osó encontrar los restos humanos que llevaron a la identificación de uno de los estudiantes.
Esto importa, porque los integrantes del GIEI ya fueron invitados por el gobierno, para retomar sus investigaciones. Quizá ahora tengan que trabajar más, porque ya no van a poder culpar a los servidores públicos como antes, ya que inclusive el actual fiscal que lleva el asunto, trabajó como secretario técnico de su grupo.
El exprocurador Murillo Karam ya se dijo dispuesto a colaborar con cualquier investigación sobre lo que se hizo y no se hizo en el primer tramo de la averiguación previa.
Como buen abogado sabe que es mejor establecer una estrategia de defensa que esperar a que las cosas se diluyan o sean sepultadas por otro escándalo.
Lo tocará enfrentar errores que se cometieron enotras oficinas y en particular en Los Pinos, cuando no entendieron el tamaño del problema y no establecieron una ruta para que las responsabilidades, de cada nivel de gobierno, fueran deslindadas con oportunidad.
Es una triste paradoja que quienes, con las insuficiencias que fueran, detuvieron a los criminales que ordenaron asesinar a los jóvenes, ahora estén en la picota.
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