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Núcleo anticorrupción

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Columnas martes 07 de mayo de 2019 - 02:46

La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) importa como eje fundamental para la prevención y el combate a la corrupción en México, porque es reglamentaria de las normas constitucionales que dispusieron, en 2015, un renovado método de procesamiento de investigación, sustanciación, calificación y sanción de las conductas señaladas como faltas administrativas, cometidas tanto por servidores públicos como por particulares que se involucran con ellos en actos de corrupción.

Esta Ley, que entró en vigor apenas en julio de 2017, hace menos de dos años, es hoy motivo de preocupación genuina, legítima y fundada porque empieza a discurrir por una cadena de reformas y adecuaciones que, aun útiles, bien podrían dificultar o retrasar su naturalización cultural y social y su maduración institucional entre las autoridades que deben hacerla cumplir.

El pasado viernes 12 de abril empezó la cascada. Con motivo de una reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de esa fecha, se promulgó también la primera reforma a la LGRA, para adicionar, con acierto, la austeridad como principio rector de la administración de los recursos públicos y ampliar las hipótesis para encuadrar ciertos actos como cohecho y desvío de recursos públicos.

Pero eso no es todo. Como lo comenté en estas mismas páginas hace poco, el Senado aprobó en marzo pasado una muy necesaria reforma para adicionar, a la lista vigente de sanciones, la coloquialmente conocida como “muerte civil” o inhabilitación definitiva, aplicable en casos de faltas graves no solo a los servidores públicos infractores, sino también a los particulares (personas físicas y/o empresas) que se involucren en la conducta ilegal. Esa reforma ya está en Cámara de Diputados en espera de dictamen.

Además, el pasado martes 30 de abril por la noche, en el marco de la aprobación de la novedosa Ley de Austeridad Republicana del Estado, la propia Cámara de Diputados aprobó una reforma más a la LGRA, que ya envió al Senado para su revisión, y que consiste en incrementar de 10 a 14 las directrices que los servidores públicos deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, para asegurar, entre otras cosas, que no incurran en conflicto de interés en las contrataciones públicas, y les exige, por ejemplo, separarse oportuna y legalmente de los activos e intereses económicos que pudieran afectar directamente el ejercicio imparcial de sus responsabilidades.

Esta Ley es en realidad el corazón auténtico de la reforma anticorrupción de 2015, y estoy cierto que no la hemos atendido adecuadamente a pesar de su importancia, muy superior a las disposiciones orgánicas del Sistema Nacional Anticorrupción. Además, la inestabilidad jurídico-normativa no ayuda, pero me resisto a creer que es deliberada. De cualquier modo, hay que estar atentos.

•gsergioj@gmail.com
@ElConsultor2


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/CR

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