Lo que ocurrió en Nuevo Laredo es siniestro, por dónde quiera que se le vea. Ocho personas fueron ejecutadas y múltiples testimonios apuntan a oficiales de la Secretaria de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSP).
La escena del crimen se alteró, porque
se simuló un enfrentamiento y las víctimas fueron vestidas con uniformes de tipo militar y con distintivos del Cártel del Noreste. Además, se colocaron armas de alto poder a un lado de los cuerpos y una camioneta, con blindaje artesanal, fue trasladada por una grúa de la propia corporación policial.
La SSP suspendió a los elementos relacionados
con estos hechos, para dar paso a las investigaciones respectivas. Esto ocurre siete días después de ocurridos los hechos y debido a una enorme presión social, luego de que el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, de esa ciudad fronteriza, divulgó fotografías y testimonios que tiran por tierra el supuesto enfrentamiento, que fue la versión inicial de las autoridades.
Quizá los policías involucrados pensaron que se
podía maquillar la situación, en un contexto de alta violencia y donde los asesinatos forman parte, por desgracia, de la vida cotidiana.
Es el precio de años de luchas entre organizaciones
criminales y del silencio que han impuesto para que no se conozcan sus fechorías, o para que al menos no tengan trascendencia.
Pero también da cuenta de la baja moral que impera en los órganos de seguridad, maltratados de modo
continúo, y dónde una de las falsas salidas a su situación es la de convertirse en delincuentes.
Esta ruptura institucional no augura nada bueno y
lo peor es que permea a lo largo del país, donde la labor policial no solo está desprestigiada, sino en peligro de extinción, ante la llegada de la Guardia Nacional.
Para las autoridades de alto rango es un golpe severo, porque se muestra que los sistemas de control no
funcionan y que en las corporaciones encargadas de hacer valer la ley hay más de una manzana podrida.
En ese aspecto estamos como siempre, en el cuento
de nunca acabar.
Esto ocurre, para colmo, en un momento en que
nadie conoce con certeza cuál será la estrategia del gobierno federal ante los embates del crimen organizado y su evidente recuperación de espacios.
Lo terrible es que la sociedad tamaulipeca se encamina a otra pesadilla prolongada, a un camino lleno
de obstáculos y desafíos en la construcción de la paz, la que se antoja muy, muy lejana.
Las ejecuciones prueban que el papel de los defensores de derechos humanos, que trabajan desde organizaciones no gubernamentales, sigue siendo esencial.
Es evidente que Nuevo Laredo puede convertirse
en un serio dolor de cabeza, si no se atiende con presteza el problema y se lleva a los responsables ante los jueces para que reciban el castigo que merecen.
•Twitter: @jandradej