ONG acusan que recorte a los refugios viola la ley

POR LAURA ARANA

Miembros de organizaciones civiles afirman que dejar de otorgar apoyos directos a los refugios subsidiados por el Gobierno federal va contra la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de que contraviene convenios internacionales signados por México para otorgar ayuda integral y servicios especializados para las víctimas.

Esa ley indica que es obligación del Estado mexicano “otorgar medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia a través de la creación de refugios o casas de acogida en donde se pueda brindar atención integral y servicios especializados para las víctimas”.

En México operan actualmente 72 refugios, de los cuales 34 pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, cuatro a instituciones de asistencia privada y 34 son instituciones públicas.

En entrevista para ContraRéplica, Alicia Leal, fundadora de la organización Alianzas Pacíficas, afirmó que suspender el apoyo a estos sitios es violatorio a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que en ésta se menciona la importancia de los refugios y “definitivamente estaríamos ante un retroceso en materia de seguridad y acceso a la justicia para las mujeres”.

El tema tiene que ver con la urgencia de tener una norma oficial de lo que es un refugio y no lo es; eso se tiene que definir en colaboración con el Estado ya que es el garante de que estos servicios sean los adecuados y sean de calidad”, detalla Leal.

Indicó que no es lo más adecuado que se den los recursos a las mujeres, como lo propone el Gobierno federal, sobre todo porque los refugios brindan servicios de emergencia, “lo veo complicado que sea así de modo directo, porque cuando una mujer solicita ayuda lo hace a través de la policía o una vecina, y ya después es canalizada con nosotros”.

“Tenemos que entender que estos son servicios de emergencia; cuando una mujer llama a la policía, por lo general son casos que requieren de protección inmediata y ellos la canalizan con nosotros. No entiendo cómo se ejecutará el recurso una en una, porque son servicios de urgencia”, indica.

También, la asociación Reinserta coincidió que para una problemática tan compleja como es la violencia contra la mujer “no podemos creer que la solución es la entrega directa de recursos a las víctimas”, además de que es violatorio a la actual legislación y un retroceso.

Lo anterior dijo, no proporciona la protección y cuidado integral para las víctimas de violencia, ya que, sin el acompañamiento institucional, no se pueden garantizar medidas de reparación a este daño.

“Es contradictorio con la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ya que promueve la instalación y mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijos, en los que se guarde la secrecía de su ubicación y sean atendidos por un equipo capacitado y multidisciplinario”, destacó.

“Debemos de entender que, sin exagerar, la problemática de la violencia de género es un problema de vida y muerte. Muestra de ello son los indicadores en materia de feminicidio y la prueba de tantas mujeres que pierden su libertad por ultimar a su agresor, desintegrando familias y generando problemas sociales profundos”, señaló.

Reinserta destacó que existe un verdadero déficit en el acceso de las mujeres a la justicia, debido a que sólo 13.4 por ciento de los casos en donde sí hubo denuncia se llevaron a un sistema de impartición de justicia.

"La violencia intrafamiliar contra las mujeres es un fenómeno que cada día cobra más víctimas; para su atención se requieren políticas públicas integrales que aborden la esfera social, psicológica, familiar y jurídica, siempre salvaguardando la dignidad e integridad de las víctimas ante los victimarios y cualquier otra circunstancia que agrave su condición de vulnerabilidad”, afirmó dicha asociación.