Ortega arresta a opositores a los que prometió amnistía

Diómedes Reyes Hernández huyó en marzo de Nicaragua para evitar ser arrestado por las fuerzas de seguridad de Daniel Ortega.

Lo perseguían por haber participado en las protestas anti régimen.

A sus 21 años se asiló en Costa Rica, pero dos meses después decidió regresar junto a su familia como beneficiario del programa gubernamental “Un retorno seguro”, que prometía a los más de 60 mil ciudadanos que habían escapado de la represión una especie de amnistía.

Sin embargo, el 27 de mayo llegaron a la comunidad de La Palanca, del municipio de Quilalí, agentes fuertemente armados y en compañía de paramilitares lo sacaron a la fuerza de su casa. Reyes es uno de los opositores que han sido arrestados después de haber regresado a su país.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua ha recibido decenas de denuncias de “cacería policial” contra los jóvenes que han retornado del exilio a Nicaragua, denunció en entrevista para Infobae el abogado Pablo Cuevas.

“Algunos casos las familias los denuncian y documentan, otros guardan silencio porque se sienten amenazados y porque la policía les dice que si hacen escándalos a los detenidos les va ir peor, o sea que los van a torturar”, afirmó Cuevas.

La ONU pidió el pasado viernes poner fin a la “impunidad” en Nicaragua, donde la policía y elementos progubernamentales siguen cometiendo “graves violaciones” de los derechos humanos en un contexto de crisis política.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó en su informe haber documentado “graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas” en el país centroamericano.

“Los arrestos y detenciones arbitrarios continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas”, precisa el documento, que pone en entredicho la actuación de la policía y los elementos progubernamentales.

La ONU observa que “se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo”.