Ortega libera a 636 reos; 13 son opositores

En un escueto comunicado, el Ministerio de Gobernación se limitó a indicar que se trataba de presos detenidos “por distintas razones” que estaban recluidos en diversos centros penitenciarios y que han sido enviados a su domicilio con el beneficio de “convivencia familiar” (arresto domiciliario).

La cifra es similar a la de detenidos considerados “presos políticos” por la opositora Alianza Cívica y cuya liberación definitiva fue un compromiso asumido por el gobierno de Ortega en las negociaciones realizadas del 27 de febrero al 3 de abril.

Hasta ahora el gobierno ha excarcelado a 200 presos políticos, pero lo ha hecho de forma unilateral, dejándolos en libertad condicional y sin que sean parte del acuerdo que debe ser supervisado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Según la oposición, la lista de “presos políticos” asciende a unas 700 personas.

Mientras tanto, la policía negó una solicitud presentada por representantes de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, a la que pertenece la Alianza, para realizar una “marcha nacional” en Managua con motivo del primer año de las protestas contra Ortega.

La policía argumentó que las dos personas que presentaron la solicitud “no cumplen los requisitos de ley” y “estuvieron involucradas en graves alteraciones al orden público en las últimas semanas”.

Por su parte, la alta comisionada de Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió el martes al gobierno de Nicaragua “evitar represión durante el aniversario de la insurrección de abril” y expresó su preocupación ante la posibilidad de que “las protestas convocadas para los próximos días puedan desencadenar otra reacción violenta”.

Según datos del ACNUDH durante el año transcurrido desde la primera represión violenta contra las protestas masivas en Nicaragua el 18 de abril de 2018, más de 300 personas resultaron muertas, dos mil heridas, 62 mil desplazadas fuera del país y varios cientos de personas fueron privadas de su libertad.

Consta, las recientes protestas del 16 y 30 de marzo se saldaron con 10 personas heridas, incluyendo tres como resultado de disparos, además del arresto de unos 170 manifestantes que, no obstante, fueron posteriormente puestos en libertad.

“Me preocupa que las protestas convocadas para los próximos días puedan desencadenar otra reacción violenta”, dijo Bachelet.

“Las violaciones registradas durante el año pasado incluyen la criminalización, el hostigamiento y los ataques en contra de líderes estudiantiles, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y otras personas críticas con el gobierno’’, remarcó Bachelet.

“Las autoridades también han recurrido a la censura de los medios de comunicación, la prohibición de manifestaciones y el persistente uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias a gran escala por parte de la policía. Inevitablemente estas acciones, junto con la ausencia de rendición de cuentas por los excesos ilegales de los miembros de las fuerzas de seguridad, han avivado las tensiones en el país en lugar de reducirlas”, afirmó.

La Alta Comisionada lamentó los informes sobre las duras condiciones en las cárceles y centros de detención, “que podrían constituir tortura y malos tratos”.

Por ejemplo, las recientes protestas en La Modelo, una prisión para hombres en Tipitapa, al noreste de la capital, Managua, donde se encuentran personas detenidas en las protestas junto a delincuentes comunes, habrían sido violentamente reprimidas, a través de golpizas, uso de perros y gases lacrimógenos.