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Paridad y justicia electoral

Paridad y justicia electoral

Columnas jueves 18 de julio de 2019 - 01:26

A finales de noviembre del 2011, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación forzó un salto cuántico en materia de paridad con su fallo a un juicio ciudadano interpuesto por diez mujeres relevantes de la vida pública de México. Con el fallo de marras, la paridad anunció su carta de naturalización jurídica y política definitiva.

En su demanda, las quejosas se dolían de un acuerdo del Consejo General del IFE mediante el que pretendió interpretar la frase “procedimientos democráticos” que la ley electoral de entonces permitía como ruta de escape a las reglas que normaban las cuotas, ya comentada en entregas previas.

En dicho acuerdo, afirmó la sentencia, el IFE efectivamente había desentrañado erróneamente la expresión referida y se había excedido en su facultad reglamentaria al intentar definir su contenido. El efecto primordial de este fallo histórico fue expulsar (invalidar) del acuerdo impugnado el párrafo que decía: “… debe entenderse por procedimiento democrático aquel en el que la elección de las candidaturas se realice de forma directa por la militancia del partido o por la ciudadanía, o de forma indirecta a través de una convención o asamblea en que participe un número importante de delegados electos exprofeso por dicha militancia…”, con lo que excepción cayó por los suelos en beneficio de paridad sustantiva, desterrando el fraude a la ley.

Encima, la definición del IFE iba a contra sentido de lo que la propia ley decía en la materia, pues en el artículo 219 remitía la definición de proceso de elección democrático a lo que dispusieran los estatutos de cada partido, no el Consejo General.

El Tribunal señaló que el IFE debió estudiar dicho numeral 219 a través de los instrumentos del control de convencionalidad, por medio del principio pro persona y de la interpretación conforme en lugar de restringir o hacer nugatoria su aplicación efectiva, como evidentemente lo hizo.

En efecto, la pretendida reglamentación, amén de violar el principio de reserva de la ley, resultaba tautológica y ambigua pues se constriñó a realizar una simple descripción de los procedimientos de consulta y añadía un requisito que, lejos de aclarar el sentido del término “democrático” complicaba su definición pues exigía que en los procedimientos electivos internos participara, si se trataba de una convención o asamblea, un ‘número importante de delegados’, sin establecer criterio o parámetro alguno, que permitiera esclarecer su dimensión.

Con todo y un voto con reserva del Magistrado Flavio Galván, que poco después aspiró sin éxito (quizá por ese error) a ser Consejero del hoy INE, la sentencia del Tribunal resolvió también otros dos asuntos de fundamental importancia en la materia, como el del género de las candidaturas suplentes, que lesionaba de otro modo y por otra vía las salvaguardas de las cuotas.

•gsergioj@gmail.com
@ElConsultor2

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/CR

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