La expresión popular dice que “mal comienza la semana para quien ahorcan en lunes” y creo que es una buena manera de ir encuadrando las pláticas y los análisis que se hagan sobre el Presupuesto 2020. Curiosamente, muchos de los comentarios que escucho acerca del presupuesto buscan abordarlo como un ejercicio técnico, cuando su naturaleza es eminentemente política.
Los ingresos y egresos del Gobierno Nacional integrados en el Presupuesto son la materialización del “contrato social” de Rousseau y Locke, pues ahí se determinan de manera cuantificable la proporción en que los ciudadanos cedemos parte de nuestra libertad y riqueza (los ingresos del Gobierno) y lo que se espera recibir como contraprestación (los gastos del Gobierno).
No es casual que para México la Constitución establezca un procedimiento que parte del Poder Ejecutivo, que por congruencia debe reflejar lo que ofreció para obtener el voto de los electores (plataforma de campaña), se entrega a la Cámara de Diputados para su “discusión y aprobación” dada su naturaleza territorial (los diputados representan a los ciudadanos que viven en una extensión acotada del territorio denominada Distrito mientras que los Senadores representan a las Entidades Federativas).
El Presupuesto aprobado debería conciliar los intereses nacionales de los electores, reflejados en el continuo Plataforma/PND/CGPE/ProyectoPEF, con los de sus regiones, representados por los diputados. Irónicamente, desde aquí cayó la sombra de la duda al Presupuesto con las versiones de Presidencia pidió explícitamente a sus diputados que no le movieran “ni una coma” al proyecto de SHCP y, como efectivamente suelen representar los intereses del Ejecutivo por encima de los de sus electores, se buscó detonar cualquier intento de negociar modificaciones mayores y mayoritear así su aprobación (haciendo pedacitos la División de Poderes de Locke y Montesquieu).
Ante la falta de una discusión previa, prácticamente hasta la aprobación del Dictamen se comprobó las reducciones a organismos autónomos (excepto el INEGI que le tocó el año pasado ahorita tiene el Censo de Población). Sorprende que, en plena crisis de inseguridad, a la Fiscalía General le tocara recorte (-1,500 mdp) mientras que a la Secretaría de Seguridad le tocó aumento (1,000 mdp). Los aumentos grandes son para SHCP (2,500 mdp para la transformación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y Pesquero) y la Secretaría de Bienestar (8,365 mdp). La Secretaría del Trabajo también alcanzó incremento (104 mdp) que, en el contexto de la Reforma Laboral, espero que algo se vaya a terminar con los rezagos para que las juntas de conciliación y arbitraje pasen al Poder Judicial.
Hubo el compromiso de dotar de reglas de operación a becas “Benito Juárez” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”; ojalá, también se atienda su falta de focalización (no se sabe si las reciben quienes más las necesitan), de padrones confiables de beneficiarios y se mejore su efectividad (a decir de la titular de la STPS del millón de becarios en “Jóvenes…” únicamente 15,000 han conseguido empleo, lo que da una efectividad del 1.5%).
Sin embargo, lo que más preocupa del Presupuesto es que en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) se estableció como parámetro de referencia un crecimiento del 2% en el PIB para calcular todo el Presupuesto y todo indica que no se va a alcanzar (Citibanamex y la encuesta de Banxico lo ubican en 1.2%). Ya este año, por la falta de crecimiento, el SAT no llegó a sus metas de recaudación y al Gobierno no le alcanzaba para llegar a fin de año, por lo que tomaron 149 mil 598 millones de pesos del “cochinito para emergencias” del Gobierno también conocido como Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP).
Eso significó tomar poco más del 50% de lo que había en el Fondo y ya no hay otro “cochinito” del cual echar mano en caso de que no vuelva a alcanzar para cerrar 2020. Creo que al Presidente siempre sí le va a interesar el crecimiento.