Ante la queja de cientos de propietarios inmobiliarios, el sector judicial, jueces y actuarios, la bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México propondrá la derogación del artículo 60 de la Ley constitucional de Derechos Humanos.
Jorge Gaviño Ambriz explicó que el artículo 60 de la Ley en comento es contrario al artículo primero constitucional y debe desaparecer, entre otras cosas porque paraliza la inversión en vivienda y el mercado de arrendamiento, pues viola la certeza jurídica.
Como está el lineamiento, genera un cargo patrimonial para el Estado y para el ejecutante de indemnizar y reubicar al ejecutado y obliga a la autoridad a crear programas de vivienda con recursos gubernamentales.
El líder de la bancada del PRD relató que la ley salió el 28 de diciembre y publicada el 8 de febrero, fue hecha con prisas, descuido, sin consulta y además aprobada mediante un albazo.
El artículo 60 dice que “para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entro otros derechos el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a acabo sólo en casos excepcionales”, entre otros puntos.
Además que “las autoridades deben garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros, tomando como centro el lugar de origen…”