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Repartición de culpas

Repartición de culpas

Columnas lunes 02 de diciembre de 2019 - 00:02

El presunto feminicidio de Abril Pérez Sagaón detonó nuevamente las deficiencias de la procuración y administración de justicia.
Luego de que la Procuraduría General de Justicia de la CDMX a través de su vocero, Ulises Lara, buscó curarse en salud al anunciar una queja contra los dos jueces, entre ellos, Felipe Mosco, quien reclasificó el delito de tentativa de feminicidio a violencia familiar y lesiones, que derivó en la libertad de Juan Carlos García, exesposo de la víctima y principal sospechoso de su muerte; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra, anunció a través de una carta, la realización de una investigación a fondo del Consejo de la Judicatura, determinación, que al menos de manera pública, no se había visto en las últimas dos décadas.
A esto se agrega que también ha salido a relucir el deficiente papel del Ministerio Público para defender y sustentar la acusación de la víctima.
Del lado de la defensa de García y del propio TSJ han sabido manejar sus piezas, ya que a través de la difusión de un video de la audiencia de vinculación a proceso contra Juan Carlos García, el juez Felipe Mosco resaltó que no se hizo una inspección en el lugar de los hechos ni se presentaron los objetos señalados como provocadores de las lesiones de la mujer.
“No se hizo inspección del lugar del evento, considerando que debieron haber acudido peritos en criminalística, incluso, si era necesario, en química, para que se estableciera la existencia del lugar (...), pero principalmente para que se hiciera la búsqueda de huellas o de indicios”, señaló el juez en la audiencia de septiembre pasado.
Abril Pérez denunció que la madrugada del pasado 4 de enero, en una de las recámaras de su departamento de la CDMX, fue golpeada con un bate y herida con un bisturí por su entonces esposo.
El Ministerio Público, fundamentó su acusación solo en los testimonios de Pérez Sagaón y uno de sus hijos, menor de edad.
No es la primera vez, que un Juez de Control pone en evidencia el mal trabajo de un Ministerio Público, no solo en un caso mediático como este.
La presión no se hizo esperar después del cruento asesinato de esta mujer, quien residía en Monterrey y solo acudió por unas horas a un tratamiento psicológico en la Ciudad de México y la mataron frente a los ojos de su abogado, lesionando a su hijo.
La propia Jefa de Gobierno fijó una postura fuerte contra los jueces y Magistrado involucrado en el caso. Sin embargo, ayer, durante la instalación de Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, quienes conocerán y resolverán, entre otras, las controversias constitucionales a nivel local, la cordialidad y buen trato entre la Jefatura de Gobierno y el Poder Judicial capitalino se había recobrado, eso es lo que dicen en el Tribunal Superior. Habrá que esperar a ver si también hay, nuevamente, jalón de orejas para el Ministerio Público.

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/CR

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