Reporte de gobierno: Trump viola derechos de migrantes

La Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos declaró ayer que el presidente Donald Trump viola el debido proceso amparado por la Constitución y los derechos civiles de los inmigrantes, y ha creado una crisis innecesaria en la frontera sur del país.

Mediante un informe de 200 páginas, la comisión gubernamental, creada por la Ley de los Derechos Civiles de 1957, señala como gravemente preocupantes las políticas presidenciales sobre asilo, detenciones y separación de familias.

“Como ha sido confirmado por informes periodísticos, investigaciones gubernamentales y testimonios públicos recibidos por esta comisión, el Gobierno ha implementado políticas migratorias que parecen violar el derecho constitucional del debido proceso”, señala el informe.

Asimismo, señala que de esta manera se estarían violando “estándares básicos de atención médica y mental”, a la vez que se persigue a los inmigrantes por su nacionalidad, idioma y género.

“Estas políticas han resultado en la separación de unidades familiares, traumas duraderos y angustia, además de condiciones de detención chocantes, tanto para niños como adultos”, señala el reporte.

El documento subraya la política de “tolerancia cero” de Trump, que ha resultado en la separación de miles de niños migrantes de sus padres y provocado “traumas físicos, mentales y emocionales de largo plazo y tal vez irreversibles”.

La vicepresidenta de la Comisión, Patricia Timmons-Goodson, indicó que se trató de basar el informe en datos del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que no respondieron a la petición.

Fue entonces que la Comisión buscó testimonios públicos, reportes periodísticos y del Gobierno, documentos legales y la opinión de expertos.

Esta Comisión tiene ocho miembros: cuatro demócratas, tres independientes y uno republicano. Cuatro de los miembros son nombrados por el presidente de EU y los demás por las cámaras del Congreso.

Entre las recomendaciones del informe, que no son de cumplimiento obligatorio por parte del Gobierno, se incluyen pedidos al Congreso para que haya mayor transparencia y control sobre los centros de detención de inmigrantes.

La Comisión de Derechos Civiles estadounidense es una agencia gubernamental independiente que investiga quejas de fraude en asuntos que priven a un ciudadano de sus derechos por raza, religión, sexo o por su país de origen.