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Se necesitan preguntones 

Se necesitan preguntones 

Columnas miércoles 06 de noviembre de 2019 - 01:35

México ha construido uno de los marcos normativos para ejercer el derecho de acceso a la información pública (DAIP) más robustos a nivel internacional, pero a 17 años de las primeras leyes en la materia se tienen todavía fuertes rezagos en cuanto a su conocimiento y ejercicio, y ese tal vez sea el mayor desafío que enfrenta el llamado “derecho a saber”.
Según la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID 2016) del Inegi, el 50.6 por ciento de la población mayor de 18 años en áreas urbanas de al menos 100 mil habitantes conocían una ley que garantiza el DAIP.
El 12.4 por ciento mencionaron la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o la Ley Federal, y solo el 1.7 por ciento supo que había una ley estatal en esta materia. Una situación de desconocimiento similar pesa sobre los organismos garantes de ese derecho: el Inai a nivel nacional y los institutos de transparencia estatales.
Esas cifras son una pincelada de un cuadro hasta cierto punto frustrante que prevalece sobre el acceso a la información pública en el país, pues de nada sirve tener un derecho sólidamente garantizado por la Constitución y las leyes general, federal y estatales, además de institutos de transparencia, si no es un derecho conocido y ejercido por los ciudadanos de manera más intensiva.
No son pocos los que creen que es una pérdida de tiempo y motivo de frustración pedir información a las instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a los organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos, además de fondos y fideicomisos públicos.
Sin embargo, las cifras del Inai (Informe de labores 2018) demuestran otra cosa, pues de las 228 mil 133 solicitudes de información a nivel federal presentadas de octubre de 2017 a septiembre de 2018, se respondieron 199 mil 851 en 10.2 días hábiles en promedio (el resto estaba en trámite); es decir, antes de que venciera el plazo de 20 días hábiles establecidos en la ley para ser respondidas. Solo el 11 por ciento de las solicitudes presentadas a entidades federales fueron respondidas en la prórroga (10 días hábiles adicionales) que permite la legislación en casos específicos. Esto quiere decir que las entidades públicas respondieron con oportunidad las solicitudes. Pero sabemos que no basta con responder pronto si no se hace de manera exhaustiva y congruente lo requerido por las personas.
El Índice de Acceso a la Información Pública reportado por el Inai fue de 98 por ciento, y es el que mide la entrega de la información, ya sea que el solicitante haya impugnado ante un instituto de transparencia o no la respuesta recibida.
Por supuesto que hay problemas de opacidad, pero no puede afirmarse que sea una práctica generalizada en los más de 8 mil sujetos federales, estatales y municipales obligados a cumplir con las leyes de transparencia.
Pero es innegable que se tienen leyes, instituciones y procedimientos que facilitan el acceso a la información generada cada día por todas las instituciones públicas. Lo que faltan son más personas que ejerzan de manera más intensiva su derecho a saber.
Necesitamos más preguntones que pongan a prueba esas normas e institutos de transparencia que se han construido y consolidado a lo largo de más de tres lustros para asegurar que cada persona pueda tener acceso a la información generada cotidianamente por los gobiernos federal y locales.
El escaso número de solicitantes de información nos debe importar porque el derecho a saber ayuda a resolver problemas cotidianos y no solo para revelar grandes casos de corrupción.

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/CR

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