Se pierden 94 mil mdp anuales en el tráfico

Los habitantes de las ciudades mexicanas pagan altos costos por la falta de mejores servicios de transporte público, eso se traduce tanto en horas perdidas al año como en el costo monetario total que es de hasta 94 mil millones pesos anuales.

Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) revela que las oportunidades perdidas de ingreso para los usuarios del transporte público representan 69 mil millones de pesos al año, mientras que para los que utilizan automóvil la cifra es de 25 mil millones de pesos anuales.

La congestión vehicular en las 32 zonas urbanas de México analizadas cuesta 94 mil millones de pesos al año, el equivalente a tres veces la inversión proyectada para la Ciudad de México en transporte público de 2018 a 2024, siendo la Zona Metropolitana del Valle de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla las que reportan mayor costo en congestión vehicular.

Cada persona pierde en promedio 100 horas adicionales en sus traslados al año, los usuarios del transporte público 118 horas, mientras que los usuarios de automóvil dejan en el tráfico 71 horas.

La mayoría de la población usa transporte público o camina, no obstante, los gobiernos solo destinan 1.2 por ciento del presupuesto asignado a movilidad para este tipo de servicio.

El estudio El costo de la congestión: vida y recursos perdidos, realizado por el Imco y SinTráfico, analiza el impacto social y económico de la congestión vehicular en las 32 zonas urbanas de mayor actividad económica del país.

El ejercicio se realizó a partir de los patrones de traslado de las personas y el comparativo del nivel de congestión de las ciudades entre transporte público y automóvil, para considerar las horas perdidas al año y el costo monetario total que genera la congestión vehicular.

Las propuestas para revertir esta situación son invertir en transporte público seguro, eficiente y limpio conforme a la proporción de usuarios, así como en infraestructura para movilidad no motorizada.

Además de hacer que el transporte público sea financieramente sostenible, invertir en protocolos de medición y reportes a los ciudadanos acerca de los resultados de los sistemas de movilidad para medir los avances de los proyectos y políticas, fomentar la evolución hacia las ciudades inteligentes con sistemas centralizados de información para sus traslados.