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Seguro e ISSSTE lideran las quejas por antirretrovirales

Seguro e ISSSTE lideran las quejas por antirretrovirales

Nación lunes 10 de junio de 2019 - 04:30


POR MARIA CABADAS

Son 91 quejas las que de enero a mayo de este año, ha recibido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la falta de medicamentos en hospitales públicos contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el sida, dijo Gloria Careaga, titular del programa especial sobre sexualidad, salud y VIH de este organismo autónomo, encabezado por Luis Raúl González.

Consultada por ContraRéplica dijo que la mayoría de estas quejas provienen de usuarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y precisó que la Comisión tiene una queja colectiva de 49 pacientes de Tamaulipas, contra hospitales de la Secretaría de Salud.

“La mayor parte de la población en estos momentos está en el marco de los antirretrovirales que realmente es el medicamento que los mantiene con ese padecimiento en una condición de estabilidad y que incluso los puede llevar a una condición de indetectables”, agregó.

Careaga expresó que la mayor preocupación de la CNDH es que por este desabasto, las personas que lo necesitan generan resistencia al medicamento lo que deteriora aún más su salud.

“Cuando estos pacientes no ingieren su medicina a tiempo, en unos cuantos días generan inmunidad al fármaco, por lo que ya no lo pueden seguir tomando y eso se convierte en una complicación mayor porque se les tiene que buscar uno nuevo que les garantice su sobrevivencia, pero éste puede resultar mucho más costoso para el sistema de salud”, expresó.

Dijo que la Comisión se encuentra elaborando un informe sobre este desabasto de antirretrovirales que estará dirigido a las autoridades de salud de del país “para que se le dé solución a este problema y ya no genere esa angustia y vulnerabilidad entre la población que enfrenta este padecimiento.

Destacó que aunque es incuestionable las facultades de las autoridades para revisar los procedimientos administrativos de adquisición de bienes y servicios y de cualquier otro que implique el ejercicio de recursos públicos, no pueden justificar, en ningún caso, la suspensión o incumplimiento de las obligaciones estatales de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos.

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IM/CR

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