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Sentencias judiciales, nuevo fantasma

Sentencias judiciales, nuevo fantasma

Columnas miércoles 16 de octubre de 2019 - 05:30

A los ataques, atentados y muertes de periodistas en México se suma un nuevo fantasma: las sentencias judiciales que pudieran recibir de parte de quienes se sientan afectados por sus publicaciones.

La resolución contra Sergio Aguayo Quezada, periodista y analista político, a pagar 10 millones de pesos como indemnización por daño moral a Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila, es un asunto en el que debemos reflexionar detenidamente, pues podría sentar bases para instaurar una nueva forma para coartar la libertad de expresión.

La resolución de Francisco José Huber Olea Contró, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México encargado de ventilar la demanda del exmandatario de Coahuila, resulta desproporcionada a lo que pudo ser la esperada cuando Aguayo demandó a Moreira, también por daño moral, sin que el periodista reclamara indemnización alguna.

En todo proceso judicial siempre hay, por decirlo coloquialmente, un ganador y un perdedor: de otra forma no tendría sentido, pero también podemos recordar la generalizada creencia de que para lograr justicia en México se requiere de recursos económicos, al menos para sufragar los honorarios de abogados expertos en los recovecos de la ley favorables a los intereses de los implicados. En este caso ¿quién tendrá mayores recursos: alguien relacionado con el poder político o un integrante del mundo académico pocas veces bien remunerado?

El desarrollo de un país debe darse simultáneamente en todos los órdenes de su vida, y si aspiramos a un cambio político, económico y social debemos atender lo jurídico: los periodistas —al igual que todo ciudadano— están obligados a cumplir la ley, pero mientras no garanticemos un auténtico equilibrio entre las partes será conveniente proteger el bien supremo de la sociedad de conocer y entender la conducta de los actores del poder.

La sentencia contra Aguayo podría ser cuestionable por dos motivos: primero, los comentarios por los que fue procesado se basaron en informes periodísticos provenientes de España, donde Humberto Moreira estuvo detenido, según alegó el comunicador, y, segundo, por la presunta participación del magistrado Huber Olea Contró en delitos de abuso de autoridad y de tráfico de influencias.

Hará unos seis años, el magistrado fue detenido cuando se presentó al domicilio de la francesa Simone Marian Peloquin, de nacionalidad francesa, de quien se dijo era su amiga, para impedir una diligencia de desahucio, pero quizá eso no sea lo más relevante en este momento, como sí debe serlo el evaluar el impacto de estas decisiones contra la libertad de expresión.

La justicia es difícil de juzgar, pues en ella participan dos elementos que reclaman equidad en la interpretación y ejecución de la ley conforme a su propio derecho e intereses, y un tercero, los encargados de su impartición, que requieren respeto a sus decisiones, respeto que no se gana simplemente por ocupar el cargo de juez o magistrado.

•Egresada de la EPCSG. Exdiputada constituyente.
Defensora de los derechos de los animales y
fundadora de "Ángeles Abandonados

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/CR

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