Sin Inifed, Gobierno se deslinda de escuelas

Con la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (Inifed), serán los gobiernos estatales y municipales los responsables si un plantel construido o reparado por los padres de familia, se derrumba, de acuerdo con la Ley General de Educación.

Al respecto, la legisladora priista Cynthia López, alertó que millones de niños se encuentran en riesgo, ya que aseguró que el 60 por ciento de las escuelas que colapsaron en el sismo del 19 de septiembre de 2017 fueron construidos o rehabilitados por padres de familia.

“Las autoridades educativas de las entidades federativas asumen las facultades para regular los criterios en materia de infraestructura educativa referidos a la seguridad, higiene, asesoría técnica, supervisión estructural en obras mayores, transparencia y eficiencia de los recursos asignados a la construcción y mantenimiento de escuelas”, se expresa en el borrador de ley que se discutirá este jueves.

Cynthia López calificó como populista esta medida implementada por el Presidente de la República, además de que pondrá en riesgo a millones de alumnos.

“Aprobar esta modificación en el marco jurídico haría a los legisladores que lo avalen con su voto corresponsables de accidentes fatales en las escuelas como consecuencia de esta mala política”, sentencio la legisladora.

En la nueva legislación se plantea que las comunidades, por medio de los Comités Escolares de Administración Participativa, podrán llevar a cabo proyectos de construcción, mejoras o mantenimiento de los planteles educativos.

“Cada Comité recibirá presupuesto anual para construcción, mejoras o mantenimiento del plantel educativo, de conformidad con los procedimientos establecidos en los lineamientos mencionados en el párrafo anterior y en cumplimiento de las disposiciones a las que alude este capítulo”, indica el texto que será discutido.

Al respecto, los senadores del PRI y PAN, Claudia Anaya y Julen Rementeria, afirmaron que los padres de familia no pueden ser responsables de comprobar la calidad de la infraestructura “ya que hay una ley de obra pública a la que está obligado cualquier persona que invierte recurso público a comprobarlo”, acotó.