Sin fallo de juez, Gobierno quiere usar decomisos

Los bienes inmuebles y dinero en cuentas bancarias y efectivo incautados a todo aquel que se le acuse de corrupción, encubrimiento, extorsión, huachicoleo o crimen organizado podrán “disponerse de forma anticipada” a favor de programas sociales, según lo determine el jefe del Ejecutivo, como cabeza del gabinete social, sin que de por medio haya una sentencia de un juez pues bastará con la acusación del Ministerio Público.

De acuerdo con el nuevo dictamen de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que hoy se aprobará en comisiones del Senado y del cual tiene copia ContraRéplica, indica que se procederá a la extinción de dominio aun cuando no se haya determinado una sentencia firme.

“La acción de extinción de dominio se ejercerá aun cuando no se haya determinado responsabilidad penal en los casos de los delitos previstos. Siempre y cuando existan fundamentos sólidos y razonables, que permitan inferir la existencia de bienes implicados en delitos catalogados en el 22 constitucional, donde también se incluyen practicas en delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro y trata de personas”, señala el texto.

Al respecto, el senador del PAN, Damián Zepeda, insistió que es una ley encaminada a acelerar el proceso de atacar las finanzas de los delincuentes, aunque el riesgo es que el gobierno lo utilice como una herramienta de persecución de opositores al régimen.

“Sí, el Ministerio Público puede pegar al crimen, pero esperemos que no se convierta en un mecanismo de abuso del gobierno para pegar a opositores, de persecución política, de empresarios y a todas aquellas persona a nivel federal o local que no estén de acuerdo con el gobierno. Creo que hoy en día no está procurando la justicia objetiva y esta ley abona a quitar el bien que no pueda probar origen y sea ilícito”.

El documento precisa que, en caso de que al término del proceso legal, un juez declare inocencia, el conocido Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado contará con 90 días para regresar el bien, o si ya se vendió, subasto o utilizó por disposición del Presidente de la República, a través del Gabinete Social, deberá reparar el daño con el pago total del costo de la propiedad conforme a avalúo.

“De los recursos obtenidos de la venta de Bienes, Activos o Empresas, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, deberá prever un fondo de reserva para restituir aquellos que ordene la autoridad judicial mediante sentencia firme, los cuales no podrán ser menores al 10 por ciento del producto de la venta”.

Esta ley implica que el Consejo de la Judicatura contará con seis meses para crear juzgados dedicados a la extinción de dominio, únicamente, a fin de acelerar la resoluciones y por lo tanto confiscar bienes al crimen. Además, señala que mientras se resuelve el proceso de sentencia por un juez, los acusados pueden demostrar la licitud del bien, aunque “si no son suficientes” a los ojos del MP se procederá a la extinción.

La senadora del PRI, Claudia Anaya, afirmó que van a tratar de impedir la “aplanadora morenista” para cambiar el dictamen pues se debe garantizar la presunción de inocencia y reparación de daño a las posibles víctimas, pero también, dejar una normatividad útil para que la Fiscalía actúe contra los bienes de los criminales. Aunque, dijo, hay riesgos de que sea mal utilizada.

“Se está insistiendo para que el MP resguarde muy bien la información; que no existan filtraciones antes de terminar el proceso judicial y haya corresponsabilidad. Que sea realmente para que la Fiscalía vaya contra el crimen.

El problema y riesgo, es que como se amplió el espectro de delitos pudiera darse un uso distinto al creado”, acotó.