El senador por el PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, solicitó se informe sobre el monto y destino de los bienes asegurados y/o decomisados a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, cuyo proceso penal se lleva a cabo en Estados Unidos, luego de su extradición en 2017.
En un punto de acuerdo, pidió a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, informar también sobre cuentas bancarias, fondos o inversiones, propiedades muebles e inmuebles, tanto en México como en el extranjero del capo.
Destacó que la Fiscalía de Nueva York, que lleva el caso, pretende confiscar alrededor de 14 mil millones de dólares, equivalente a la ganancia estimada que habría obtenido al frente del Cartel de Sinaloa.
Refirió que en 2014, el entonces Procurador General de la República informó que le fueron decomisados casas y ranchos, entre otros inmuebles como terrenos, huertas, establos, bodegas, haciendas, restaurantes, gasolineras, departamentos y aeronaves, cuyo valor de lo anterior superaría los 160 millones de pesos.
Dos años después, se afirma, en 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que durante la administración federal -anterior- se detectaron operaciones por cinco mil 300 millones de pesos, vinculados a la organización criminal del “Chapo”.
“Queda claro que los bienes decomisados y/o asegurados al Chapo, debieron haber quedado en posesión y administración de las autoridades federales competentes”, expresa el legislador.
El monto y destino de dichos bienes por parte de la Administración Pública Federal no son claros, subrayó.
“No se tiene un informe final que lo que el Estado mexicano puede recuperar, fruto de la vida delictiva de Guzmán Loera hasta su detención”, destacó.
Redacción ContraRéplica