Los altos índices de violencia van a continuar. El problema es que se parte de una análisis errado: La criminalidad es producto de la injusticia social. No es así, aunque sí signifique una parte de la solución.
Lo que enfrenta nuestro país es un desafío mayor y es el mismo que hizo que se tuviera que echar mano del ejército para encargarse de tareas de seguridad pública.
Cuando el presidente Felipe Calderón decidió emprender una batalla contra la criminalidad organizada, lo hizo porque estos grupos estaban extorsionando a la sociedad. Esto es, habían mutado de los negocios de la droga a la apropiación de las rentas, generando un clima de miedo y zozobra en diversas regiones del país.
Enrique Peña Nieto varío el enfoque, aunque no demasiado, poniendo mayor énfasis en la prevención social, pero utilizando la filosofía y proyectos, de la administración calderonista, que funcionaron en Ciudad Juárez y en Tijuana. Intentó reducir la presencia militar creando la Gendarmería, pero al final faltaron recursos y la situación de quedó como estaba, aunque con un acierto: se redujeron los pleitos y enfrentamientos callejeros de las organizaciones delincuenciales.
Ahora la idea es que el desplazamiento de fuerza de la Guardia Nacional, junto a todo un menú de programas sociales, llevará a la reducción de los índices de crimen y a la contención del problema.
El presidente Andrés Manuel López Obrador está convencido de que propiciar mejores condiciones de vida, por medio de la inversión social, conducirá al país a la meta deseada.
Hay un problema: las grandes organizaciones que controlan los mercado ilegales, responden al incentivo de los negocios y estos no van a terminar ni dejarán de ser atractivos si no se revierte la impunidad y se les desarticula financieramente
Enfrentar a los grandes capos es necesario, porque ahí anida el verdadero motor de la lamentable situación en la que nos encontramos desde hace años.
En efecto, el problema no es de ahora, y no inició en diciembre y por ello se crearon instituciones e inclusive un marco legal para poder enfrentarlo. Hay leyes especiales, las de la criminalidad organizada, que permiten contar, a la autoridad, con mejores herramientas para hacer sus labores.
El riesgo es que para la actual administración los poderosos cárteles y sus extensiones no son prioritarios. La búsqueda de un mejor presente para los jóvenes es loable, pero, hay que insistir, la seducción que pueden ejercer los bandidos es muy alta.
La pobreza no es el problema mayor, aunque se tenga que atender por justicia, porque la emergencia no es por delitos del orden patrimonial.
La matanza de Minatitlán no fue por falta de oportunidades, sino más bien porque sigue abierta la puerta para que los criminales impongan su ley y sus negocios.
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