A partir de septiembre de 2018, las normas y las instituciones en México se están modificando para concretar el Proyecto Alternativo de Nación que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, planteó para cambiar la visión de Estado y responder a los ciudadanos.
En unos cuantos días, estaremos a la mitad de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados y los resultados son importantes, para el futuro inmediato y para dejar las bases sólidas que impidan que ningún servidor público utilice los recursos del erario para beneficiarse.
En estos días, en reunión de comisiones unidas de Procuración de Justicia y de Gobernación y Población se inició el proceso para el juicio político de una ex funcionaria del gobierno federal. El motivo: las denuncias de dos personas (Silvano Aureoles y Luis Alberto Villareal) que, siendo legisladores, iniciaron el proceso por el denominado caso de la Estafa Maestra.
Mucho se ha señalado que es una “venganza política”, sin embargo, las comisiones de Procuración de Justicia (presidida por mi amiga Pilar Ortega del PAN) y de Gobernación y Población cumplimos el procedimiento determinado por la ley.
Como se había acostumbrado en sexenios anteriores, se pensó que el procedimiento no se llevaría a cabo. Pero son otros tiempos, ¿quién puede cuestionar a la Cámara de Diputados por cumplir con la ley?
No son las comisiones, que cumplieron con la responsabilidad, las que acusan o cometieron los “supuestos ilícitos”. Son los actores involucrados quienes tendrán que demostrar su inocencia o la culpabilidad del acusado. Esa es la ley.
Desde el inicio de la LXIV Legislatura, los Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados y, especialmente, el Movimiento de Regeneración Nacional, asumimos un compromiso para combatir la corrupción. Ahí está el trabajo. Dos reformas constitucionales fundamentales: en materia de prisión preventiva oficiosa y sobre Extinción de Dominio.
En el trabajo de Cámara de Diputados, hay hechos para salvaguardar los derechos de las personas y que parecen opacarse ante los de corrupción. Acompañada por organizaciones sociales y las integrantes de la Comisión de Igualdad, la diputada Wendy Briceño Zuloaga logró que se aprobara la Ley Olimpia para tipificar como delito la violencia digital contra las mujeres. El primer paso para que sea incluida como sanción en el Código Penal federal.
Hay que entender que en 2018 se inició un cambio. La propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional convocó a las mujeres y hombres de este país para evitar que se siguieran expropiando los recursos públicos; para realizar un trabajo legislativo y de gobierno que les aporte beneficios inmediatos y para el futuro de México.
Finaliza el año y los resultados desde el legislativo son importantes.