Tira juez acuerdos de la S-22 con Secretarías

Este jueves concluye el plazo que dictó en su sentencia el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México emitido hace unos días, para inhabilitar acuerdos con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, incluyendo los de 1992 en los que se les cedió, por ejemplo, el otorgamiento de plazas a docentes.

La sentencia al amparo en revisión 276/2016 está dirigida a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al gobierno de Oaxaca y al Instituto Estatal de Educación Pública, cuyas autoridades también están obligadas a enterar de esa resolución a la Coordinadora.

El recurso jurídico fue interpuesto por el organismo civil Mexicanos Primero (MP) al argumentar que debido a los acuerdos de las referidas autoridades con la Coordinadora en esa entidad se les otorgó “un cúmulo de plazas, el derecho para que los maestros que muestren ‘buen desempeño’ puedan obtener como incentivo la promoción laboral, sin ser sujetados a un concurso de oposición”.

Entre los argumentos, destaca también que en las minutas se estableció “el derecho a que los profesores no puedan ser despedidos o separados de sus puestos de trabajo, pese a no obtener niveles de aprobación satisfactorios en tres evaluaciones consecutivas”.

En su resolución de 136 hojas, el Juzgado determinó que, la “firma de los compromisos mencionados, se tradujo en una violación directa al derecho a la educación, el cual tiene fines claramente establecidos, tanto por el propio artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en las diversas instancias internacionales”.

Señala que, la obligación del Estado de velar por la aplicación sin excepciones de la legislación vigente es a efecto de cumplir con los estándares establecidos para el cumplimiento del derecho humano a la educación.

“Por tanto, se determinó que resultaba incontrovertible que el otorgar a los miembros de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, derechos genéricos y absolutos, contrarios a lo dispuesto por la legislación aplicable, los cuales se traducen en un régimen de excepción a los principios definidos en la misma, constituye un obstáculo para el efectivo ejercicio del derecho a la educación” refiere la sentencia.

Agrega que, los acuerdos con la Coordinadora de Oaxaca generaron una afectación sistemática a la educación, “pues no se trata sólo de la aplicación a los maestros de la evaluación docente, sino que, se debe vigilar que las consecuencias establecidas por la ley en sus diversas hipótesis sean aplicadas a todos los docentes por igual, sin establecer excepción alguna”.

En entrevista para ContraRéplica, el presidente y fundador de ese organismo civil, David Calderón, explicó que el plazo que dio el juez para inhabilitar esas negociaciones vence este 20 de junio.

“Nosotros esperamos que quepa la responsabilidad en las autoridades, pero si no, seguiremos recurriendo a las instancias judiciales. Es un camino muy largo, en esto fueron cuatro años. Pero el derecho de los niños no puede quedar impunemente violado, así que, esperamos que sea un examen de conciencia para los funcionarios”, indicó.

Explicó que, el amparo que ganó hace un par de días es para que con estos acuerdos quedaran sin efecto esas negociaciones, además de que tienen que informar de esa nulidad a los propios dirigentes centistas.

“La sentencia ya es favorable al amparo que nosotros promovimos, por lo que Gobernación y el gobierno oaxaqueño tienen que demostrar que esos acuerdos quedaron nulificados. Además, tienen que investigar que hayan cesado los efectos y consecuencias de esos acuerdos.

Nos interesa que se investigue qué pasó con ese banco de plazas que les cedieron.

No sabemos cuántas son, pero esa será tarea de las autoridades”, expresó.