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Columnas viernes 01 de noviembre de 2019 - 00:49

SEDENA ACLARA

•El pasado 17 de octubre, Ovidio Guzmán López nunca salió de su casa ubicada en el fraccionamiento Tres Ríos, Culiacán. Y por decisión del Gabinete de Seguridad, las Fuerzas Armadas cancelaron el operativo para detenerlo donde fue sometido y obligado a ordenar a su gente parar los ataques en contra de la población y los uniformados. “Nunca es movido de ahí, se retiran y todo el escalón que teníamos alrededor de la casa que estaba bajo vigilancia se empieza a retirar también”, detalló la Sedena ayer.

FAMILIAS EN LA CORTE

•La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó a centenas de familiares trabajando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la gestión del ministro Luis María Aguilar como presidente del máximo tribunal del país. Y es que, en la revisión de 101 expedientes, la ASF identificó 59 casos en los que trabajadores tienen parentesco en segundo grado (hermanos), según consta en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2018.

ACUMULAN QUEJAS

•Estudiantes, profesores y trabajadores denunciaron en la Unidad de Atención a Denuncias de FES Cuautitlán 77 casos de acoso sexual, por lo que 16 mil alumnos permanecen en paro indefinido. Tras las protestas, las autoridades de dicho campus de la UNAM informaron que se iniciaron 41 procedimientos de sanción, desde amonestaciones hasta la expulsión o rescisión de contratos laborales.

A TAPAR EL POZO

•Tras el motín de dos días en el penal de Atlacholoaya, en Morelos, 26 reos fueron trasladados a otros centros penitenciarios después de ser señalados de participar en la riña en la que se sometió a custodios, murieron seis personas y tres resultaron heridas. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco informó que son reclusos de alta y mediana peligrosidad, pues su traslado era una demanda de los trabajadores del penal ya que su permanencia también implicaba un riesgo a su seguridad.

ATAQUES A LA PRENSA

•La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó enérgicamente la proliferación de ataques y restricciones contra periodistas y medios de comunicación en Bolivia y reclamó al gobierno del presidente Evo Morales que, pese al clima de polarización política, garantice el derecho a la información. Hasta el pasado miércoles, la SIP había documentado 15 casos de agresiones directas contra periodistas que han sufrido amenazas, agresiones físicas y vejámenes después de las elecciones del 20 de octubre.

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/CR

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