Tiraditos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador invitará a su conferencia matutina al coordinador de los delegados federales, Gabriel García, quien ahora sí tendrá que rendir cuentas ante los señalamientos en contra de varios superdelegados que han utilizado los programas sociales con fines político-electorales, como es el caso del de Jalisco, Armando Zazueta. Por cierto, trascendió que los números que García le ha entregado al Presidente sobre los censos de los programas en Jalisco no corresponden a la realidad y, de confirmarse, el coordinador se metería en un buen lío por tratar de engañar a su jefe.

Otra tarea para el Ejército

Los ingenieros militares participarán en la construcción de las 13 mil sucursales del Banco del Bienestar del Gobierno federal que se construirían en menos de un año. Con este objetivo, los superdelegados del Gobierno federal en cada una de las 32 entidades se encuentran buscando los terrenos donde serían edificadas esas sucursales. Ésta tarea para el Ejército se suma a la de la edificación de la Base Aérea de Santa Lucía, así como la Refinería de Dos Bocas y hasta el retiro del sargazo en las costas del Caribe mexicano.

El Senado aprobó una nueva ley que protege las expresiones culturales de los pueblos indígenas contra el lucro privado de empresas. Luego de la polémica que envolvió a la marca de moda Carolina Herrera por el presunto plagio de diseños indígenas, la nueva legislación prevé el establecimiento de contratos para que las comunidades puedan ser retribuidas por la explotación de sus tradiciones. La ley acota que, de manera inalienable e imprescriptible, los pueblos conservan los derechos colectivos de propiedad de dichas expresiones culturales.

Rosario Robles envío una carta al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para proponerle declararse culpable si demuestran que el domicilio de la licencia fake usada como prueba para negarle enfrentar su proceso judicial en libertad, existe en la Ciudad de México, y ella vivió allí. En la misiva, la ex secretaria de la Sedesol indica que el trato recibido no es el de una ciudadana con derechos sino como una “enemiga a la que hay aniquilar”. Además, envío pruebas donde se establece que el testigo que la inculpa, firmó un contrato que dijo desconocer, y lo cual es prueba de que miente.