No hubo mucho sobre salto en el Tribunal de Justicia Administrativa, por la designación de Estela Fuentes Jiménez. Desde la semana pasada se sabía que quien ocupara la vacante de Yasmín Esquivel sería una persona “muy cercana”.
Hubo colaboradores y allegados a la nueva ministra de la Corte que hicieron su luchita, pero era seguro que las impugnaciones y críticas serían las mismas que cuando Esquivel ocupo la presidencia del TJA, por lo que se optó por la continuidad.
De acuerdo con registros periodísticos, Fuentes Jiménez fue nombrada magistrada de sala ordinaria de ese órgano en mayo del 2012 por su cercanía con Yazmín Esquivel, de quien fue compañera de generación, a pesar de que no cumplía con los requisitos.
Cuando fue designada se desempeñaba como Jueza de lo penal en el Estado de México, aunque el artículo 4 de la Ley Orgánica del citado Tribunal señalaba que para ser magistrado se debe de contar con una práctica profesional y experiencia mínima de cinco años en materia administrativa y fiscal.
En esa fecha durante su comparecencia y escrutinio ante la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Asamblea, la entonces aspirante a magistrada fue cuestionada sobre recursos y procedimientos administrativos y en ningún momento acertó.
Para mayo de 2015 Fuentes fue promovida a magistrada de sala superior para ocupar la plaza de Victoria Quiroz Pesquera (quien aprobó la supervía poniente), con la aprobación de Antonio Padierna Luna, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Asamblea Legislativa. Esa plaza legalmente se desocuparía hasta julio de 2015 cuando se jubilara Quiroz.
Con este historial, ayer, de manera unánime, con seis votos a favor y cero en contra, los integrantes de la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa, eligieron a Fuentes Jiménez, como su presidenta para el año 2019.
En su discurso de aceptación, la magistrada presidente Fuentes Jiménez afirmó que el Tribunal de Justicia Administrativa será la institución insigne de la lucha contra la corrupción en la Ciudad de México.
La impartidora de justicia subrayó que Tribunal sancionará a quienes transgredan la confianza ciudadana y abusen de sus facultades que brinda el servicio público; pero, dijo, también a los particulares, que de forma abusiva e ilegal, pretendan obtener beneficios indebidos al amparo del poder público.
Dentro de los pendientes que la nueva titular del TJA está la aplicación de las leyes del sistema local anticorrupción.
En el caso de la Ciudad de México, el sistema anticorrupción entró en vigor el 1 de septiembre de 2017 y sería la entonces Asamblea Legislativa la que debía concluir con las dos etapas de selección de candidato a Fiscal y la conformación del comité de participación ciudadana para poder comenzar el trabajo de evaluación de nueve dependencias capitalinas en este rubro.