Nos encontramos a la vuelta de la esquina de la aprobación de los presupuestos federal y estatales, y como cada año veremos en los hechos si hay un compromiso para que la transparencia y la rendición de cuentas sean hechos verificables o continuaron solo de dientes para fuera.
El presupuesto asignado en 2019 a los 32 institutos de transparencia locales sumó mil 122 millones 590 mil 108 pesos. El Instituto Nacional de Transparencia, Inai, tuvo más de 900 millones 151 mil pesos, lo que representó una reducción respecto de los más de mil 98 millones que le autorizaron en 2018, pero que se redujeron con motivo de la austeridad impulsada por el Ejecutivo federal.
Esas cantidades deben verse en el contexto de las muchas responsabilidades que tienen los organismos garantes de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales para valorar si son suficientes o no para para cumplir con la expectativa del ciudadano respecto de la transparencia.
Los institutos que más presupuesto recibieron este año fueron el del Estado de México (Infoem, con más de 159 millones de pesos) y el de la Ciudad de México (InfoCDMX, más de 143 millones). La primera entidad destinó 30 pesos por habitante, mientras que la capital invirtió 24.03 pesos per cápita.
Chiapas destinó 1.83 pesos en transparencia por habitante; Puebla, 2.70 pesos, y Guerrero, 4.20 pesos. La suma de los presupuestos para los institutos de esas tres entidades no superó los 10 millones de pesos.
Las 32 entidades federativas destinaron en promedio 9.93 pesos per cápita, a través de los institutos que vigilan el cumplimiento de las leyes de transparencia y protección de datos personales, así como para capacitar a miles de servidores públicos estatales y municipales para que cumplan sus obligaciones de rendir cuentas.
El presupuesto para transparencia no debe verse como un gasto, sino una inversión, porque gracias a la operación de esos institutos se garantiza que los ciudadanos encuentren de manera oportuna y completa la información sobre trámites, servicios, programas sociales y decisiones de sus autoridades que los afectan directamente.
Un ejemplo de ello son las 83 millones 276 mil visitas a los portales institucionales de los más de 120 sujetos obligados en la Ciudad de México, según el Informe de actividades 2018 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (InfoCDMX). Las secciones de transparencia fueron consultadas más de 3 millones 397 mil veces.
Adicional a esas consultas hay que considerar que este año se han presentado más de 123 mil solicitudes de información a las más de 120 entidades públicas capitalinas, y el 30.4 por ciento de los requerimientos son de informes y programas.
Las solicitudes de información y las búsquedas en portales se centran en asuntos relacionados con seguridad pública, salud, educación, recolección de basura, suministro de agua potable, obtención de documentos, permisos, cobros, alcantarillado, entre muchos otros rubros que tienen que ver con la vida cotidiana de millones de personas.
Para que esa información esté disponible, completa y actualizada los institutos deben revisar trimestralmente los portales de más de 8 mil sujetos obligados en el país (de ellos 864 son federales y corresponde su verificación al Inai).
Sin un presupuesto suficiente serán incapaces de tener el personal y equipos necesarios para garantizar el derecho a la información, y ello depende si los Congresos locales, y en buena medida los Ejecutivos, quieren demostrar que la transparencia va en serio o sigue en el plano del discurso.
* Especialista en transparencia y protección de datos.
@torresalex