Estamos a la vuelta de la esquina con el año 2020. Será el punto de inflexión para la tercera década del siglo XXI. En diversos campos, al visualizar que pronto estaremos estrenando una década simbólica, se apuntan a señalar los desafíos, los retos, del tiempo que vendrá.
En esa dirección se inscribe la declaración adoptada el 10 de Julio de 2019 por un
variopinto grupo de expertos en información. El documento lo suscribieron el Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Relator de la OEA para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión e Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
En primer término, creen que debe crearse un ambiente que permita el ejercicio de
la libertad de expresión: La protección y la promoción de la libertad de expresión requieren normas legales y sistemas regulatorios que lo protejan de manera adecuada, especialmente en el caso del entorno digital.
El documento registra varios ítems para
este punto. No es un asunto menor que se trata de tres asignaturas pendientes para los Estados: a) proteger la seguridad de los periodistas y otras personas que sean atacadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y poner fin a la impunidad de dichos ataques; b) poner fin a las restricciones penales a la libertad de expresión; c) promover la diversidad de los medios, eso implicar evitar la discriminación, ofrecer transparencia en concesiones y propiedad, y dar amplio acceso a la información pública.
En segundo lugar, es necesaria la creación y mantenimiento de un servicio de
internet libre, abierto e inclusivo. El ejercicio de la libertad de expresión requiere de una infraestructura digital que sea robusta y universal.
Los Estados, para poder cumplir con este
desafío, deben entre otras cosas: a) reconocer el derecho al acceso y el uso de internet como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; b) abstenerse de imponer interrupciones o bloqueos en la red de internet o en la infraestructura de las telecomunicaciones; y c) expandir significativamente las iniciativas para proporcionar un acceso universal y asequible a internet.
El tercer punto de la declaración, tiene
que ver con el poder dominante que tienen hoy las grandes corporaciones relacionadas con la comunicación e información.
Hablamos de Facebook o Google, entre
otras. Un cambio paradigmático. Ya no son los grandes medios nacionales aquellos que cooptan el campo de la libre expresión o información, como en el pasado.
En este último punto, y es un asunto a
tener sumo cuidado, no se plantea que el Estado deba intervenir, controlar o cesar a estas corporaciones. Pero dada la naturaleza que éstas tienen, con acceso a los datos
personales y preferencias de millones de personas en todo el mundo, se requieren acciones regulatorias desde los poderes públicos.
Desde el campo de la libertad de expresión, en el que me inscribo, habrá un gran
campo de trabajo para los años venideros.
• Periodista e investigador de la
Universidad Católica Andrés Bello, en
Caracas.@infocracia