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Un presupuesto que vulnera derechos

Un presupuesto que vulnera derechos

Columnas miércoles 27 de noviembre de 2019 - 00:01

La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 (PEF) dejó serias preocupaciones respecto de las capacidades que tendrán los organismos autónomos para cumplir sus funciones, entre ellos el Instituto Nacional Electoral por ser la columna vertebral de los procesos electorales que tanto han costado al país encarrilar por vías democráticas.
Pero hay otros organismos que resintieron una vez más el recorte y que también deben llamar la atención, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en quienes recae la garantía de derechos fundamentales como el acceso a la información, la protección de datos personales, el acceso a tecnologías de la información y la comunicación, incluidos los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, banda ancha e internet.
Al Inai se le asignaron más de 877 millones de pesos para 2020, cifra menor a los mil 98 millones de pesos de 2018 y considerando el aumento de sus responsabilidades, entre ellas la de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de más de 800 instituciones en todo el país y ya no solo a nivel federal, como consecuencia de la reforma constitucional de 2014.
Más responsabilidades, pero menos recursos en una época en que, por ejemplo, los datos personales son la mercancía sustancial de la economía digital. El especialista español Miguel Recio Gayo calculaba hace dos años que la economía de los datos personales en la Unión Europea ascendería al trillón de euros.
El IFT es un asunto igual de delicado, pues tiene bajo su responsabilidad la garantía del acceso a la radiodifusión y telecomunicaciones, en banda ancha y por internet, y propiciar un ambiente favorable de competencia, desarrollo económico y de infraestructura entre los agentes participantes en ese sector.
Se le aprobaron más de mil 541 millones de pesos; es decir, le redujeron más de 188 millones de lo que requirió a los diputados. Da la impresión de que quienes aprobaron el PEF no vieron más que la forma de quitarle más dinero a organismos que consideran innecesarios o incómodos, pues su autonomía representa un amplio ejercicio de facultades al margen de factores políticos o partidistas y de contrapesos al ejercicio del poder.
Si el criterio fue simplemente obtener más dinero, entonces se equivocaron al castigar al IFT porque gracias a la reforma constitucional de 2013 que lo creó y dejó un marco regulatorio aceptable en radiodifusión y telecomunicaciones, ese sector ha incrementado sustancialmente su aportación a la economía nacional. Se han recaudado 106 mil millones de pesos gracias a la actuación del Instituto, según un pronunciamiento de su pleno del 22 de noviembre.
En junio de 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) era de 18 mil 471 millones de pesos; el PIB de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión (TyR) superó los 458 millones de pesos. Desde 2013 el PIB de las TyR aumentó a junio pasado 63.6%, mientras que el PIB nacional lo hizo 12.9%.
La participación del PIB de las TyR en el PIB nacional ha sido de 44.9% en seis años; la penetración de la banda ancha pasó de 23 a 70 por cada 100 habitantes. Los precios de las comunicaciones bajaron más de 26% en el mismo periodo. Tales cifras son una pincelada de un cuadro más amplio que da cuenta de la necesidad de apostar a este sector como fuente de riqueza nacional, pero que requiere una autoridad que ejerza su autonomía sin cortapisas porque se enfrenta a intereses políticos, sí, pero sobre todo a grandes empresas nacionales e internacionales que ven en las TyR una gran fuente de riqueza y la pelean como los tiburones que son.

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/CR

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