Ven malas decisiones en temas de seguridad

El director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, afirmó que el secuestro de Norberto Ronquillo en la capital es un ejemplo de las malas decisiones de política pública en seguridad.

“Cuando volteamos a ver el Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia nacional de seguridad y el plan nacional de seguridad descubrimos que no se hace mención a la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), cuando volteamos a ver que lo que ha sucedido a partir de la toma de posesión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, vemos que no se ha ratificado a un titular de la CONASE”, detalló en entrevista para ContraRéplica.

▶ “El secuestro es un delito el cual podríamos desear que ya no exista, hay países que lo han erradicado como Italia y Colombia donde hubo disminuciones dramáticas de éste delito; eso se debe a cómo se ha modificado la situación y las decisiones de política públicas”, destacó.

Señaló que hay recorte presupuestal de más de 30 por ciento que la Federación hace a todas las entidades del país en materia de procuración de justicia, incluida la Ciudad de México, lo que deriva en problemáticas importantes, además de que hay una decisión de muchos gobiernos de bajar sueldos y prestaciones aumentando cargas laborales.

Calificó como preocupante el que se esté desmantelando toda el área antisecuestros de la Policía Federal (PF), por las decisiones de crear una Guardia Nacional que, “sigue sin proyecto y continúa sin una estructura formal de formación y actualmente ya se encuentra en la calles operando sin haber pasado por un día de capacitación”.

El director de ONC declaró lo anterior luego dar a conocer, la ruta que depara para 2019 por el gasto público en seguridad que es de 239 mil 319 millones de pesos, equivalente a 0.96 por ciento del Producto Interno Bruto y a 4 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Rivas Rodríguez explicó que ello no refleja la política de seguridad del gobierno federal, ya que, de este presupuesto, 70 por ciento es destinado a dos ejes: Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública e Impartición de justicia, reclusión y readaptación, mientras que 1.5 por ciento se destina a prevención y atención de derechos humanos, de acuerdo con el informe de Gasto Público en Seguridad, Una mirada a la Ruta de Recursos.