Y en el combate a la corrupción ¿cómo vamos?

En esta ocasión, apropósito de que el día de ayer se celebró el Día Internacional contra la Corrupción, hablaremos sobre este cáncer social que ha trastocado el ámbito público y privado de manera global, donde la delincuencia organizada está inmiscuida, genera pérdidas económicas millonarias, no permite crecer a las naciones, y que en los países democráticos genera desconfianza en sus gobernantes y debilita las instituciones.

En el caso mexicano, la corrupción es uno de los principales problemas del país que más les preocupa a sus habitantes, detrás de la inseguridad y delincuencia. Aquí unas cifras sobre México:

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, México se ubica en el lugar 138 de 180 países evaluados, ocupando los primeros lugares de los países más corruptos del mundo.

Recientemente el Inegi dio a conocer que el 14.6 por ciento de los entrevistados que tuvo contacto con algún servidor público sufrió algún acto de corrupción, siendo la Ciudad de México quien lidera en este delito, y sólo el 17 por ciento de las víctimas lo denunciaron.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, la policía ocupa el primer lugar entre las instituciones que se perciben como las más corruptas, seguido de los partidos políticos y el Poder Legislativo.

En el sector privado, la Coparmex informó que uno de cada tres empresarios ha sufrido un acto de corrupción, principalmente cuando realizan trámites a nivel municipal.

Pese a estas cifras, el Barómetro Global de la Corrupción 2019, arrojó que 21 por ciento de los mexicanos considera que la corrupción ha disminuido en el último año.

La corrupción no sólo es abuso de poder, está íntimamente ligada con la delincuencia, impunidad, opacidad, conflicto de interés, etc., delitos muy comunes en nuestro país.

La bandera del Gobierno de López Obrador es el combate a la corrupción. El primer paso que ha dado en la materia ha sido elevar a rango constitucional este delito, pero el reto va más allá de robustecer el marco jurídico, pues este debe ser acompañado de políticas públicas.

Para hacerle frente, urge pasar del discurso a la acción, fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, y terminar con la impunidad que impera en nuestro sistema de justicia.