El gobierno de Daniel Ortega lanzó el pasado lunes un programa para el “retorno voluntario y asistido” de miles de exiliados que huyeron del país centroamericano en el último año, una iniciativa unilateral que la oposición rechazó y tachó de absurda.
El plan busca “garantizar y facilitar el retorno voluntario asistido, digno y humano de conformidad con el respeto a los derechos humanos”, así como “el respeto del principio de no devolución y medidas de seguridad interna”, indicó la cancillería en un comunicado. Además, aseguró que contará con la asistencia técnica de la Organización Mundial para las Migraciones y que el gobierno gestionará recursos externos para su ejecución.
Al menos 62 mil personas se fueron de Nicaragua en el último año por la crisis, indicó ayer la ONU, la mayoría (55 mil) ingresaron en la vecina Costa Rica.
La gente cruzó las fronteras por sectores no controlados “para evitar ser detectados, muchas veces caminando durante horas por terrenos difíciles, expuestos al calor, la humedad y los riesgos de malaria”, indicó la ACNUR en un comunicado.
“Estudiantes, exfuncionarios públicos, figuras de la oposición, periodistas, doctores, defensores de los derechos humanos, campesinos” han solicitado asilo en Costa Rica, añade la agencia.
“Es ridículo pretender que los exiliados crean que el mismo gobierno que los amenazó, los persiguió, mató a sus familiares y ocupó sus casas va a velar ahora por su vida y su seguridad”, aseguran activistas a The Associated Press.