Un total de 7 mil 340 indígenas se
encuentran en las cárceles del país, de los que 6 mil 880 están acusados por delitos del fuero común y 460 del fuero federal, asimismo 244 son mujeres y 7 mil 96 son hombres, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con la iniciativa de Ley de
Amnistía enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, este sector es uno de los beneficiados por esa normativa, al considerar que no ejercen completamente sus derechos para defenderse y por carecer de traductor.
“Por lo que respecta a las personas
pertenecientes a las comunidades y pueblos indígenas, dada sus características socioeconómicas y culturales, se ha observado que, en algunos casos, al momento de ser indiciados, no ejercen enteramente su derecho de defensa en los procedimientos penales y en los procesos judiciales en la materia puesto que no se les garantiza una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, características económicas y sociales, así como su situación de vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbre”, indica la propuesta.
La CNDH precisa que de la población
indígena interna en las cárceles es de mil 668, de origen náhuatl; 551, zapotecos; 432, mixtecos; 409, tzotziles; 392, mayas; 388, tarahumaras; 380, otomís; 374, tzeltzales; 321, mazatecos; 305, totonacas; 174, choles; 159, mixe; 151, tlapanecos y 149 chinantecos, entre otros.
María Cabadas