POR MARÍA CABADAS
Algunos de los integrantes del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a quienes pretende reunir el Ejecutivo federal para participar en el caso Ayotzinapa, fueron acusados por cometer presuntos fraudes.
Sobre Ángela Buitrago, quien en
agosto pasado se integró a los trabajos de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa en la Secretaría de Gobernación (Segob), fue denunciada en su natal Colombia por haber usado testigos falsos para inculpar y meter a la cárcel por más de ocho años al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega.
El exmilitar recobró la libertad luego de que en diciembre
de 2017 la Corte Suprema de Colombia lo absolvió del cargo de desaparición forzada por la toma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, perpetrada por el grupo guerrillero M-19.
El extitular de la Procuraduría
General, Alejandro Ordóñez, señaló que Buitrago “fue una fiscal muy controvertida en Colombia”.
Otro de los miembros, el español
Carlos Beristain Beristain, acusado por la petrolera estadunidense Chevron en un fraude en su contra por 9 mil 500 millones de dólares, que fue descubierto gracias al documental Crude, en el que apareció junto con el autor intelectual del fraude, Steve Dozinger.
El fallo emitido en Estados Unidos por el juez Lewis Kaplan, en mayo de 2010, sostiene que Beristain
se involucró con los demandantes contra Chevron, que calificó el fraude “como el más grande del siglo”.
En tanto, la peruana Claudia Paz
y Paz fue denunciada penalmente por la Fundación contra el Terrorismo Guatemala por haber ocultado los actos de corrupción del expresidente guatemalteco Otto Molina.