Correa, a juicio, por secuestro de disidente

La justicia de Ecuador resolvió ayer juzgar al expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica, por supuestamente estar implicado en el secuestro de un opositor en 2012, en Colombia.

Correa, que niega los señalamientos y sigue en libertad a pesar de que afronta desde julio una orden de prisión preventiva, solo podrá ser enjuiciado si es capturado o si se presenta ante el tribunal, pues la ley impide su juzgamiento en ausencia por ese delito, castigado con hasta siete años de cárcel.

Correa, que presidió el país por una década y vive desde hace un año en Bélgica, de donde es originaria su esposa, niega haber participado en el hecho y tilda de “farsa” la acusación.

El llamado a juicio, que incluye también a dos exagentes que están detenidos y a Pablo Romero, exjefe de la secretaría (ministerio) de Inteligencia que se encuentra en España, fue anunciado por la jueza Daniella Camacho, a cargo de una sala penal de la suprema Corte, con sede en Quito.

La justicia mantiene además circular roja de Interpol con fines de extradición para Romero y Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, y considera que es víctima de una persecución política del oficialista Lenín Moreno, su sucesor y exaliado.

Debido a que Correa y Romero están prófugos, la magistrada ordenó la suspensión de la etapa de juicio para ambos hasta que sean capturados o se presenten ante la autoridad.

“Yo no espero absolutamente nada de la justicia ecuatoriana”, declaró el exgobernante a la cadena Telesur minutos antes de que la jueza se pronunciara en una aplazada audiencia, que debía celebrarse originalmente el 23 de octubre.Y agregó: “Yo mismo me sorprendo de lo profundamente en paz y sereno que estoy conmigo mismo”.

El exgobernante expresó que su nación “está totalmente fuera del Estado de derecho” y que su situación jurídica es para “evitar que Correa participe en política y, sobre todo, en la campaña” para la elección de autoridades provinciales y municipales de marzo próximo.

Un referéndum de febrero pasado, convocado por Moreno, eliminó la reelección indefinida promovida por el exjefe de Estado, cerrándole la puerta para intentar volver al poder a partir de 2021.

Afuera de la Corte, que permanece resguardada por policías, varias decenas de personas se concentraron para expresar su respaldo a Correa y lanzar gritos contra Moreno, sin que las autoridades hayan reportado incidentes.

En la fase preparatoria de juicio, Correa, de 55 años, fue acusado por la Fiscalía de dar la “orden directa” para el fugaz secuestro en 2012 del político opositor Fernando Balda, quien estaba refugiado en Bogotá alegando ser un perseguido político.

Cinco personas, a las que se habría pagado con fondos reservados del Estado para no levantar sospechas, según el ente acusador, lo forzaron a subir a un automóvil, pero la policía colombiana logró interceptar el vehículo y liberarlo.