El Presidente y el Poder Judicial

A López Obrador le gusta definirse como republicano. En muchos sentidos lo es. Llama constantemente a la participación, las líneas que marca entre lo público y lo privado son tenues y su idea de austeridad está íntimamente vinculada con el republicanismo mexicano (de hecho, la calificación de la austeridad como “republicana” únicamente es para referirse a la época juarista).

En ese sentido, este texto no pretende disputar su adscripción a esa corriente ideológica y a esa forma en la que él entiende y hace política. Pero, por esas razones, no dejan de ser sorpresivas sus respuestas a dos resoluciones jurisdiccionales que se dieron el pasado fin de semana, particularmente porque creo que su defensa de un republicanismo vigoroso exige también un respeto a todos los poderes de la Unión.

El viernes por la tarde, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, decretó la suspensión en la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la oposición en el Senado contra la Ley de Remuneraciones.

El sábado por la noche, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el triunfo de la candidata del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla el pasado julio. En una votación cerrada (cuatro contra tres) los magistrados de ese órgano votaron en contra del proyecto presentado por el magistrado Vargas que pretendía declarar la nulidad de la elección.

Tanto el domingo como el lunes, el presidente se fue de frente contra los magistrados y los ministros. A los últimos les dijo que deberían quitar el cuadro de Juárez de la Corte; a los primeros, que avalaron un fraude electoral y que pertenecen al “Antiguo régimen (sic)”.

Desde luego, no se trata de acusaciones menores. Pero lo preocupante no son solamente los adjetivos con los que suele calificar a quienes disienten de sus opiniones o sus ideas, sino la ausencia de argumentos para rebatirlos (cuando, además, los hay y de sobra).

El ministro Pérez Dayán concedió una suspensión cuando la propia Ley Reglamentaria de la materia prohíbe expresamente otorgarla en acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué el Presidente prefirió hablar de los ministros, en plural, cuando fue uno el que concedió una suspensión? ¿Por qué decidió recurrir, casi inmediatamente, a la descalificación de un órgano cuando se trata de una decisión aislada y que podía ser condenada en sus argumentos?

n el caso del Tribunal Electoral valdría la pena saber si ése será el tono del Presidente. Si cuando pierda su partido (fue una de las pocas elecciones donde Morena fue derrotado) recurrirá a la descalificación aunque “respete el sentido del fallo”.

Dudo mucho que estemos cerca de una crisis constitucional. Pero estamos frente a un Presidente sin ganas de argumentar.