Columnas
La semana pasada, el diario Reforma publicó una nota señalando que Carlos Lomelí, superdelegado del Gobierno del Presidente López Obrador en Jalisco, entregó nombramientos ilegales en las exdelegaciones Federales (se supone que por instrucción presidencial ya no existen) de aquel estado. Dichos nombramientos están membretados con la palabra Bienestar y traen también el Escudo Nacional, cuyo uso está regulado para documentos estrictamente oficiales.
Cito la nota de Reforma firmada por Fernanda Carapia “La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 17 Bis, señala que los titulares de las oficinas de enlace, antes delegaciones, serán designados conforme a los reglamentos internos y por el secretario de Estado o el titular del organismo, a propuesta del delegado de Programas para el Desarrollo, que en Jalisco es Lomelí.”
La legislación vigente no concede la facultad de nombramiento a los encargados de oficinas de enlace. Tampoco se han producido cambios en los reglamentos internos de las dependencias federales. No obstante lo anterior, Reforma asegura que tiene documentos probatorios de que Lomelí ya emitió dos nombramientos para entrega-recepción en Jalisco (IMSS y PGR).
Recordemos que Lomelí, el ahora superdelegado, fue candidato de Morena a la gubernatura de Jalisco, donde resultó derrotado por Enrique Alfaro. Pues bien, Lomelí nombró a quien fuera su jefe de campaña, Juan Soltero, enlace administrativo de la delegación estatal de la PGR (hoy fiscalía). Si la denuncia de Reforma resulta cierta, quedará desmentido el discurso presidencial de que el nombramiento de superdelegados se trataba de desaparecer delegaciones federales en aras de promover ahorros y la austeridad republicana.
Como todo lo que pasa en provincia, la nota no recibió atención de nuestros comentaristas chilangos céntricos, a pesar de su evidente trascendencia pública. La actuación de Lomelí desenmascara una vez más los propósitos políticos detrás de la creación de las figuras de superdelegados. Si los nombramientos de estos personajes no tienen fines electorales ¿por qué se escogió a excandidatos derrotados de Morena, como es el caso de Lomelí y Delfina Gómez, excandidata a gobernadora del Estado de México?
Si el Presidente considera perfiles aptos para esos cargos a gente como Lomelí o la maestra Delfina ¿por qué no los nombra superdelegados en estados donde no tengan la posibilidad de competir por la gubernatura? Digamos que pusiera a Lomelí en el Estado de México y a la maestra Delfina en Jalisco. O bien ¿por qué no establecer legalmente la prohibición expresa para los superdelegados de convertirse a candidatos a gobernador en el período inmediatamente posterior al ejercicio de su cargo? Preguntas todas que exigen respuesta. No van a tenerla, y en consecuencia, confirmaremos que el motivo de creación de estas figuras fue exclusivamente electoral.