Lo inseguro de la Seguridad

Lo inseguro de la Seguridad

Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública federal, asegura que estará a la altura de las circunstancias de lo que demandan las familias de las víctimas del crimen organizado que, desde hace más de una década, golpea terriblemente a nuestro país. Lo que no acepta, todavía, es que las políticas para combatir la violencia tienden a ser las mismas que emplearon Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto: la utilización de soldados y marinos, con un incremento de 50 mil más, que seguirán en las calles.

A unas horas de que el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador haga pública la estrategia para combatir la inseguridad, la delincuencia, los levantamientos, los feminicidios y asesinatos en todo el país, Durazo defiende los foros que durante tres meses realizó para conocer el sentimiento de las personas cuyos seres queridos han perdido la vida en acciones de criminales. “…Han sido exitosos…”, dice, cuando la realidad es todo lo contrario.

Las acciones del gobierno lopezobradorista serán iguales a las de sexenios pasados, sólo con las variantes de que la secretaria de Gobernación será una mujer, Olga Sánchez Cordero; de que habrá un subsecretario de Derechos Humanos (Alejandro Encinas) y de que revivirá la SSP con innumerables facultades y poder, además de las reuniones mañaneras con el Ejecutivo federal para analizar índices de violencia.

Alfonso Durazo no ha dicho nada fuera de lo que ya ha anunciado López Obrador: reconciliación nacional, perdón para los malandros, incremento de marinos y soldados y amnistía para presos políticos que, en los hechos, ni siquiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una cifra exacta de personas que estén presas por motivos de su ideología.

La continuidad de lo que han hecho los gobiernos antecesores a Andrés Manuel López Obrador es un fantasma que persigue a quien se encargará de la seguridad de los más de 120 millones de mexicanos. El Ejército y la Marina mantendrán a sus elementos en la calle a pesar del descontento entre los propios servidores públicos, de las asociaciones de derechos humanos y de la sociedad en general.

Durazo está obligado a darle resultados al país, al presidente electo que ha confiado en él, a las familias que piden justicia para sus muertos, a los adolescentes que corren el riesgo de caer en manos del crimen organizado y a los niños que deben crecer y vivir en un entorno alejado de la violencia.

El próximo funcionario ya enfrentó reclamos de los agraviados por la criminalidad y el mensaje es claro e insoslayable: no quieren olvido. Ya fue mandatado con el voto de 30 millones favorables a López Obrador, para que se resguarde la integridad de los mexicanos y se apliquen políticas públicas exitosas, sin pretextos anodinos y convencionales como “aún no somos gobierno” y con ello cubrirse de un eventual fracaso en la promesa de alcanzar la paz que nos prometieron.

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