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Más inspectores escolares

Más inspectores escolares

Columnas lunes 31 de diciembre de 2018 - 00:29


Como ocurre cada vez que inicia un nuevo gobierno mexicano, el actual afirma que la educación será su prioridad estratégica. No solamente eso, ya dio los primeros pasos para proceder a la derogación legal de lo que hizo la administración anterior en términos de política educativa. Esto, que parece menor, es enormemente significativo pues fue una de las promesas de campaña más repetidas por el entonces candidato y hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El centro de la polémica reside en las famosas evaluaciones a los docentes para, en función de los resultados, determinar los mecanismos de obtención de una plaza o del ascenso en el escalón de la carrera de un maestro. Es llamativo que la discusión lleve años empantanada en ese asunto, sin duda crucial, pero se desatienden otros. Uno de los problemas principales que motivaron la Reforma Educativa del sexenio anterior fue el ausentismo de maestros en determinadas comunidades escolares. Se pensó que con un sistema de incentivos y castigos, podría aliviarse el problema. El nuevo gobierno se opone categóricamente a esta concepción y decide confiar en la buena fe de los maestros, quienes, no lo olvidemos, son servidores públicos. Aún así, el Presidente ya se ha topado en sus giras con la queja de familias en ciertas comunidades por el ausentismo de los profesores asignados a sus escuelas.

Lo que ninguno de los dos gobiernos ha planteado como asunto prioritario es el insuficiente número de inspectores escolares. Llámelos como usted quiera, supervisores, revisores o cualquier otro vocablo, el punto es que falta más gente inspeccionando los planteles a fin de garantizar la presencia de los maestros. Los inspectores actualmente existentes son insuficientes y están obligados a atender un número excesivo de escuelas para las cuales no les ajustan el tiempo ni otros recursos. No estaría de más considerar la contratación de un mayor número de ellos y su respectiva capacitación, excepto que está lejos de la espectacularidad de un anuncio demagógico con aires trascendentales. No obstante, así funciona el gobierno. A veces, medidas administrativas aparentemente menores y casi invisibles a los ojos del público, consiguen enormes progresos.

Sería conveniente entonces iniciar una discusión pública en los medios de comunicación y con todos los actores educativos (maestros, padres de familia, especialistas) en torno a este asunto. ¿Cuánto costaría incrementar en 20 por ciento digamos, el número de inspectores? ¿De dónde podrían ser reclutados? ¿Cuánto costaría capacitarlos? ¿Qué prestaciones y de qué recursos dispondrían para el cumplimiento de sus labores? No menospreciemos la utilidad de lo minúsculo. Empecemos la revisión de cifras y aprovechemos la importancia que la nueva administración concede a los temas educativos, para pedir una revisión de éste y otros aspectos. Está en juego la educación de los mexicanos.


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/CR

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