Máxima corte de Venezuela pide a México arrestar a Maduro

MARTHA COTORET

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), designado legítimamente por el Congreso venezolano y que opera en el exilio tras la persecución de Nicolás Maduro a sus magistrados, solicitó al gobierno mexicano arrestar al presidente de Venezuela en cuanto ponga un pie en suelo azteca.

De acuerdo con el gobierno venezolano, el mandatario planea asistir a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, el próximo 1 de diciembre.

El juez venezolano Rommel Gil, en representación del máximo tribunal de la nación sudamericana, entregó ayer un oficio a la Procuraduría General de la República (PGR), en el que suplica apoyo al gobierno de México para arrestar al mandatario venezolano por incurrir en delitos de corrupción propia y legitimación de capitales.

“Se hace entrega para que la Procuraduría de este país (México) lo sepa y apele a la Convención de Palermo, de la cual es signataria. Si el presidente que hoy ejerce funciones usurpando el cargo llegase a venir por acá, que sea recibido y puesto a la orden de este tribunal”, manifestó Gil ayer, a su salida de la PGR.

El oficio detalla la sentencia del 29 de octubre de 2018 por la que el mandatario venezolano fue declarado culpable y condenado a 18 años y tres meses de prisión. El máximo tribunal también impuso al mandatario una multa de 25 millones de dólares y la orden de reponer al patrimonio de la nación caribeña 35 mil millones de dólares.

“De igual manera, en caso de encontrarse en México capitales o bienes de los delitos a los cuales se refiere el fallo, se exhorta a que se efectúe su determinación, congelación y posterior liquidación y devolución al Estado venezolano conforme a los parámetros que oportunamente indique este tribunal”, se lee en el documento de carácter oficial.

Aunque los magistrados de Venezuela respetan la soberanía mexicana, fundamentan su solicitud en la Convención de Palermo, de la que es parte México y la cual faculta a los gobiernos suscritores a actuar en caso de que una persona incurra en “delitos transnacionales”.

El pasado lunes el TSJ en el exilio pidió a la Interpol activar una alerta roja para Nicolás Maduro por la comisión de estos delitos. Sin embargo, el organismo internacional no ha dado respuesta a esta petición.

De acuerdo con los estatutos de la Interpol, las notificaciones rojas se activan “para solicitar la localización y detención de una persona buscada por las autoridades judiciales de un país determinado o por un tribunal internacional con miras a su extradición”.

El TSJ en el exilio decretó la destitución definitiva de Nicolás Maduro, el cargo de presidente de la República el cual “usurpa”, de acuerdo con la sentencia.

Una corte sin poder. Los magistrados del TSJ que funciona desde el exilio tienen toda la potestad jurídica para emitir este tipo de sentencias puesto que fue el Congreso venezolano, elegido por los venezolanos en diciembre de 2015, quien designó a los jueces.

Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente, el Parlamento paralelo de Nicolás Maduro, ha restado legitimidad a la máxima corte de Venezuela, al ratificar en sus cargos a los magistrados que ocupan la sede del TSJ en Venezuela y que está al servicio de la dictadura.

Los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición opositora, aprobaron el 5 de abril de 2017 la activación del proceso de remoción de los magistrados por haber emitido cerca de 60 sentencias que atentan contra los principios de la Constitución, por irrespetar la inmunidad parlamentaria y las facultades de la Asamblea Nacional.

El Congreso designó a nuevos magistrados que, tras la persecución de Maduro, operan desde el exilio, pero la Asamblea Nacional Constituyente ratificó a los jueces progubernamentales.