Osorio impulsa que se homologue delito de feminicidio en todo el país

Osorio impulsa que se homologue delito de feminicidio en todo el país

POR LAURA ARANA

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Miguel Ángel Osorio, presentó, con apoyo de la mayoría de los legisladores inclusive los morenistas, una iniciativa de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que se homologue el tipo penal de feminicidio, tanto en el fuero federal como en los estados.

Al subir al pleno, destacó que esta iniciativa tiene como objetivo derribar obstáculos que impidan el acceso a oportunidades en igualdad de condiciones.

El senador destacó que tras el análisis a los tipos penales de las entidades federativas y al tipo penal previsto en el Código Penal Federal, se considera pertinente que los estados homologuen el tipo penal del delito de feminicidio al previsto en la Legislación Federal.

Osorio explicó que en cada entidad federativa se establecen distintas causales para tipificar el asesinato de mujeres por razones de género, y esta es una de las causas principales por las que no se investiga, persigue y sanciona como lo demanda la sociedad.

En la iniciativa se pone como ejemplo que en Tlaxcala y Veracruz prevén que el cuerpo de la víctima sea depositado o arrojado en un lugar público, en tanto que Chihuahua y Oaxaca establecen que el cadáver sea enterrado u ocultado.

La propuesta establece que comete el feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Actualmente se considera que existen razones de género cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; se le hayan infligido lesiones o mutilaciones degradantes.

También son agravantes los antecedentes o datos de cualquier tipo de agresión en el ámbito familiar, laboral o escolar; si existía relación sentimental, afectiva o cercana con el posible homicida; las amenazas; que la víctima haya sido incomunicada; y los casos en que el cuerpo sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Esta propuesta señala que el servidor que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, será sancionado con tres a ocho años de prisión y multas de 500 a mil 500 unidades de medida de actualización multa.



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