SCJN revisa amparos por ley de salarios

SCJN revisa amparos por ley de salarios

POR MARÍA CABADAS Y VÍCTOR RODRÍGUEZ

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que encabeza el ministro presidente Luis María Aguilar, ejerció su facultad de atracción para revisar los obstáculos que se han generado con los amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a los que han recurrido jueces y magistrados.

“El pleno decidió ejercer su facultad de atracción para resolver los impedimentos en los que los respectivos jueces de Distrito se excusaron de conocer sendos juicios de amparo indirecto, en los que se controvierte, entre otros actos, la discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”, señala el acuerdo general 13/2018.

Esta ley, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, establece que ningún servidor puede tener una remuneración o retribución por el desempeño de su función mayor a la del Presidente de la República, fijada en 108 mil pesos mensuales.

El pleno del Alto Tribunal acordó por unanimidad congelar el dictado de sentencias en tribunales colegiados planteados por juzgados de Distrito, hasta que los ministros resuelvan el tema.

Los jueces federales concedieron suspensiones a otros juzgadores que se oponen a la reducción de sus sueldos. Sin embargo, como ellos mismos se verán afectados, han pedido excusarse porque también pretenden ampararse.

Jueces y magistrados, quienes también solicitaron la aplicación de medidas cautelares para no verse afectados con alguna reducción salarial, pidieron a la SCJN que trace la ruta que debe seguirse en este caso, para emprender su defensa legal.

Todos los juicios de amparo podrán seguirse discutiendo e incluso resolverse, mientras que sólo los tribunales son los que no podrán pronunciarse con respecto de los impedimentos que en éstos se tramiten.

Hasta el lunes, esa ley había generado 512 demandas colectivas de amparo tramitadas por 2 mil 835 personas: 331 jueces, 366 magistrados, mil 37 secretarios, 215 actuarios, 514 oficiales y el resto por burócratas gubernamentales.

Antes, por la mañana, el Presidente dijo sobre los amparos que “el servicio público no es para hacer dinero, sino para servir a los ciudadanos”, y calificó como un acto deshonesto el que funcionarios acepten recibir hasta 600 mil pesos mensuales. “Eso es corrupción de un país con tanta pobreza”, dijo.



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