SCJN vs AMLO: ¿Crisis constitucional?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó suspender la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República. Sin embargo, este acto estrictamente procedimental ha sido tomado por el Presidente y su partido como una afrenta, hecho que se anticipa como un posible conflicto constitucional por la lucha de poderes entre judicial y ejecutivo que por definición, son autónomos.

El tema es que la suspensión de la ley no es ningún ataque, sino parte del procedimiento que se ordena ante cualquier impugnación de este tipo.

Lo preocupante es que el Presidente y los representantes del poder legislativo envíen mensajes violentos a la Suprema Corte, pues cada uno de los poderes constitucionales son autónomos y esa autonomía va mucho más allá que el proyecto de un presidente.

El ministro Alberto Pérez Dayán, encargado de elaborar el proyecto de sentencia, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por la oposición en el Senado de la República en contra de la ley de remuneraciones y determinó que hasta que no se resuelva la validez de esta norma, no puede ser aplicada, pues sus efectos podrían “implicar la violación irreversible de algún derecho humano”.

En este sentido, las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, que elaborará la Cámara de Diputados, deberán contemplar las cantidades que se fijaron en el presupuesto del ejercicio de 2018.

Sin embargo, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja, Mario Delgado y el legislador de ese partido, Pablo Gómez, criticaron la suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y prácticamente le declararon la guerra al poder que se encarga de velar por el cumplimiento de la Constitución, pues aseguraron que aún con las determinaciones de la Corte, en la Cámara de Diputados no asignarán presupuesto distinto al que se plantea en esta ley.

El hecho de que por decreto, del Presupuesto 2019 se ajusten los salarios implica una posible crisis constitucional, pues desde el texto fundamental se otorga a la Suprema Corte la facultad para validar o invalidar legislaciones que puedan violentar derechos humanos.

▶ La Constitución es un documento político, más que jurídico y es por ello que, como documento político está advirtiéndose que cualquier poder que no esté alineado a los intereses presidenciales, será descartado o burlado.

Parece que 200 años de historia no nos han enseñado nada y el tema no es que alguien gane más que el presidente, que originalmente, ya estaba establecido. El asunto real es que ningún poder pueda ser autónomo en el nuevo régimen de gobierno, señal que abre la puerta a los más crudos años de autoritarismo como los que se han vivido en otros países.