Ven “populismo penal” con la prisión oficiosa

POR LAURA ARANA

Calificado como un “populismo penal”, senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano ven como un riesgo elevar el catálogo de delitos en el artículo 19 constitucional, ya que elimina la presunción de inocencia, y sin pruebas, cualquiera que supuestamente haya cometido actos de corrupción, uso de programas con fines electorales, irá a prisión preventiva oficiosa.

Dicha situación, señalaron, puede incrementar las cifras de presos políticos, atentar contra opositores al régimen actual y afectar directamente a personas de bajos recursos.

En entrevista para ContraRéplica, la senadora del PRI, Claudia Anaya, afirmó que esta reforma, que ya fue aprobada por la Cámara Alta y turnada a diputados, va contrario a los derechos humanos y al Sistema Penal Acusatorio.

Apuntó que mezclar los temas electoral y de corrupción también puede prestarse como una medida de persecución política contra determinados candidatos o actores políticos, sin que exista un proceso en contra o sin elementos de lo que se acusa.

Advirtió que hay personas en cárcel aún sin recibir sentencia, “los primeros que acabaron en la prisión serán los pobres. No habrá quién hable por ellos”, indicó.

La modificación que aprobaron los senadores también incluye aplicar prisión preventiva oficiosa a conductas como abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas con fines electorales, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y cometida por particulares. Así como delitos en materia de robo de combustible, armas de fuego y explosivos de uso excesivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Al respecto, Claudia Anaya dijo que la prisión preventiva no es una sola medida cautelar existente, también existe el resguardo económico, firma semanal ante el juez para que no escapes, resguardo domiciliario, etcétera.

“A quién más afecta es a las personas con menos recursos, ya que no tienen posibilidad de una defensa adecuada o de tener un abogado que lo saque. Es delicado, porque es criminalización de pobreza”, agregó.

El senador del PRD, Juan Zepeda, aseguró que esta medida también va contra lo dictaminado en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, además de que abarrotar las cárceles no son las medidas adecuadas para combatir la inseguridad en nuestro país.

“La recomendación de la ONU va en el sentido de que no podemos criminalizar nosotros desde forma coercitiva y metiendo a la cárcel a todos. Es peligroso que ante una probable comisión de delitos te meta a la cárcel y dos años después te digan: lo siento, no fue usted”, añadió.

Mientras que el panista Damián Zepeda apuntó que es una reforma que en su totalidad va contrario a lo dispuesto en protección a los derechos humanos y la presunción de inocencia.

“La inseguridad está en descontrol por la inseguridad, no por la prisión preventiva oficiosa. Es una salida fácil y un error y una grave injusticia. Es un desconocimiento total del conocimiento penal, pero también de los derechos humanos.

“Yo creo que si preguntas a la gente si estarían de acuerdo en que vaya una persona a la cárcel, sin tener pruebas, la mayoría dirá que no”, aseguró.

A su vez, el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, también coincidió que las organizaciones civiles consideran absurda esta reforma, ya que abonan a detenciones arbitrarias y represivas.

“Hay quienes hemos sufrido en carne propia acciones represivas del poder público y luego responden con un "usted disculpe" y pago por daño moral a mi persona”, agregó.