La familia Calzada y otros actores políticos y empresariales de Querétaro fueron señalados como parte de un presunto “cártel inmobiliario” que habría lucrado con concesiones de agua y procesos irregulares de uso de suelo, según denuncias presentadas por el activista Manuel Zamorano Escobar. El caso, expuesto recientemente en la conferencia matutina, revelaría apenas una parte de un entramado mayor que involucra a funcionarios locales, notarios y empresarios.
Zamorano, residente del fraccionamiento Campestre San Isidro en El Marqués, aseguró que el grupo opera mediante el despojo de tierras a ejidatarios, el uso de pozos clandestinos y la obtención irregular de documentos del Registro Agrario Nacional, con la participación de notarías públicas. Entre las comunidades afectadas mencionó La Purísima, Bolaños, Navajas, Coyotillos, Viborillas, El Pozo, Cerro Prieto, Santa Cruz y La Cañada.
El activista detalló que desde 2023 ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), con carpetas de investigación que incluyen los casos de Bolaños, El Pozo, La Purísima y La Cañada. En ellas se señalan como presuntos involucrados a integrantes de las familias Palacios Alcocer y García Alcocer, además del actual gobernador Mauricio Kuri González.
En días recientes, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, informó que la familia Calzada posee cinco concesiones de uso agrícola que les permiten acceder a 628 mil metros cúbicos de agua en uno de los acuíferos más deficitarios del país. Dichos permisos, vinculados al exgobernador José Calzada Rovirosa y al diputado Mario Calzada, habrían sido utilizados para abastecer desarrollos inmobiliarios y un club de polo, lo que derivó en sanciones por incumplir la Ley de Aguas.
Los Calzada forman parte de uno de los clanes políticos más influyentes de Querétaro. Antonio Calzada Urquiza gobernó el estado entre 1973 y 1979, mientras que su hijo José Calzada Rovirosa fue mandatario de 2009 a 2015 y posteriormente titular de la Secretaría de Agricultura en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sus familiares Mario y Miguel Calzada Mercado también han sido señalados por conservar concesiones de agua desde 1997, una de las cuales fue suspendida por Conagua tras detectar irregularidades en su uso.