El poder y la enfermedad
Columnas domingo 05 de enero de 2020 - 22:54
Traté esporádicamente al embajador Ricardo Valero en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, donde estuvo varios años como investigador. Siempre tuve una buena impresión de él, quien gozaba de un amplio reconocimiento compartido en la comunidad académica de esta casa de investigación.
Llegó al IIJ después de haber estado en varias responsabilidades en la cancillería mexicana, distinguiéndose por una postura crítica cercana a la izquierda democrática. No fue de extrañar, por ello, que en esta administración regresara al sector público por la afinidad ideológica y personal con varios liderazgos de la 4T.
De ahí que su designación como embajador en Argentina no tuvo mayores resistencias; antes bien, fue bien vista tratándose de un diplomático de carrera que había tenido una pausa por sus diferencias con el régimen anterior (priista y panista) que ahora no existía.
No obstante, a pesar de que Valero no es una persona de edad avanzada ni mucho menos, tuvo una afección neurológica que impactó en sus habilidades cognitivas y sus pautas comportamentales que es de esperar sean debidamente tratadas y que por desgracia tuvieron un efecto público.
De nueva cuenta con esta lamentable circunstancia, en el más amplio sentido de la expresión, insisto, de nueva cuenta, en que debe regularse el acceso al poder, además, por supuesto, de los requisitos legales y constitucionales que actualmente existen.
Se prevé el conocimiento, que no haya conflictos de interés, que haya equidad de género, que exista el perfil adecuado, entre otros aspectos más, pero no hay norma alguna que establezca la salud como elemento primario de acceso al servicio público, particularmente en aquellos casos donde se desempeñan altas responsabilidades.
Aclaro que la salud, para estos efectos, es aquella que sea relevante para cumplir con las atribuciones legales y constitucionales del encargo público.
Sería un despropósito salud total en todo y cada uno de los aspectos medibles. Sí se debe poner atención en las enfermedades existentes o previsibles que sean incompatibles con el servicio público, reitero, de alto nivel. Y esto sucede en todos los partidos políticos. De la izquierda radical a la derecha más extrema hay ejemplos con alguna frecuencia que permiten afirmar que pensar en normar la salud no es una ocurrencia mía, sino una necesidad para el debido funcionamiento del sistema democrático.
En mis entregas en la revista Proceso, especialmente en los últimos años, he señalado ejemplos puntuales de lo que aquí afirmo y sus impactos negativos para la sociedad.
Mi gran amiga y a quien le guardo un especial reconocimiento profesional e intelectual, la Dra. Hilda Nucci González, ha elaborado una tesis doctoral sobre el tema. Me atrevo a decir que es la pieza jurídica más completa y actualizada que existe sobre el particular en México y, hasta donde tengo conocimiento, en la experiencia comparada.
En los próximos meses, Hilda hará un gran aporte al conocimiento científico con su segunda tesis doctoral que lleva al hilo. Será un punto de referencia para comprender bien a bien la importancia de este tema y su desarrollo y tratamiento en distintos países del mundo, así como sus propuestas puntuales para el caso mexicano en la obra que se publicará una vez defendida la tesis doctoral de referencia en este 2020 que inicia.
Habrá que poner este asunto en la agenda de la discusión pública.
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/CR
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