En defensa del derecho a la información y la libertad de expresión

Columnas jueves 11 de abril de 2019 - 01:56

Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo.

Evelyn Beatrice Hall


La libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual se concibe como la facultad de toda persona a emitir opiniones, investigar, recibir y difundir informaciones sin ninguna limitación de fronteras o acciones. Velar por su protección implica un imperativo categórico de todo actuar político para fomentar el desarrollo democrático.


En México, los periodistas enfrentan condiciones de seguridad preocupantes en su ejercicio profesional. Freedom House, en el Informe Libertad en el Mundo 2019, enfatizó que en el caso mexicano, los periodistas han optado por la autocensura para evitar ser víctimas de delitos contra su integridad.


Al respecto, la organización Artículo 19 México y Centroamérica, en su informe anual 2018, “Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva”, informó que en los últimos doce años se han registrado 2,594 agresiones a periodistas, con un incremento en los últimos seis años de 512% de ataques hacia mujeres que ejercen esa profesión.


No obstante, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión tiene conocimiento de 45% del total de dichas agresiones, al contar con 1,156 averiguaciones iniciadas por delitos contra periodistas, destacando entre los delitos: amenazas, abuso de autoridad, lesiones y homicidio.


En ese contexto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) ha realizado diversas acciones para garantizar el derecho a la información pública y el ejercicio de la libertad de expresión mediante la apertura informativa en los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato, así como, la instrucción para la desclasificación de los archivos referentes a la matanza de Tlatelolco.


Aunado a ello, se interpuso la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la Ley de Seguridad Interior en 2017 y el acceso a la base de datos de personas no localizadas, lo que permite hacer cruces de información con los registros de periodistas desaparecidos.


Además, el INAI ha coeditado el texto “Periodismo urgente. Manual de investigación 3.0” del periodista Ricardo Raphael, el cual se destaca la vinculación del derecho a la información con el ejercicio periodístico, junto con la impartición de talleres en materia de acceso a la información dirigido a periodistas.


Indudablemente, los retos que enfrenta la libertad de expresión y el periodismo en México son de profunda relevancia nacional.


Ante esto, la coparticipación entre gobierno y sociedad civil es fundamental en la construcción de una nueva mística gubernamental que favorezca derechos fundamentales, como la libertad de expresión, tan necesaria para la construcción de una sociedad más informada, transparente y deliberativa.

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/CR

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