Informe INE sobre patologías democráticas

Por seguir siendo actuales, retomo hoy las admoniciones del extraordinario Informe País 2020: el curso de la democracia en México, publicado justo hace dos años por el INE. En el apartado intitulado Trastornos de la Democracia Mexicana presentó varias patologías preocupantes que obstaculizan su consolidación y adecuado funcionamiento. Si hace 2 años no debíamos soslayarlas, hoy menos.  

Se trata de la corrupción, las prácticas clientelares y la discriminación, cuyos efectos no solo pueden generar desapego hacia el sistema político, sino también desincentivar la participación política frente a la percepción de que no es posible realizar algo para remediar la situación.

La corrupción fue considerada uno de los problemas más importantes del país. Alrededor del 55% de las personas que tuvieron contacto con las autoridades de seguridad pública experimentaron un acto de corrupción. De igual manera, en torno a la percepción sobre la corrupción del gobierno, casi el 60% de las personas encuestadas dijo que la corrupción habíaaumentado o se había mantenido igual de alta. No obstante dichas evaluaciones negativas, destaca que tanto los valores en torno a la corrupción como su expectativa en el futuro fueronpositivos: la gran mayoría consideró inapropiado que un(a) funcionario(a) público reciba sobornos, y un porcentaje importante consideró que la situación de la corrupción podía mejorar en el país.

Por lo que hace al clientelismo, el Informe denunció que una de cada dos personas entrevistadas conocía a algún líder o lideresa social capaz de hacer que se resuelva algún problema en la comunidad. Igualmente, un porcentaje no menor (40%) consideró que los programas sociales constituían una ayuda y no un derecho, lo que facilitaba claramente la labor de los líderes que distribuyen recursos, ayudas y programas sociales para la construcción de redes clientelares de las y los políticos y partidos. Asimismo, las y los entrevistados reportaron una alta percepción de que los votos se compraban y de que los gobiernos utilizaban recursos públicos para favorecer a sus partidos políticos.

Finalmente, el Informe señaló que la discriminación se acentuaba por la clase social, la forma de vestir, la orientación sexual, el color de piel y la manera de hablar. En términos de experiencia directa, también aspectos relativos a la clase social y a la vestimenta fueron los más mencionados por las y los entrevistados. Además, existían focos rojos que merecen atención: alrededor del 15% consideraron que las familias de las mujeres debían ser quienes decidieran si ellas podían participar en política, y también 15% consideró que minorías de la diversidad sexual no debían participar en las elecciones a cargos públicos. Alrededor de 10% consideró que integrantes de grupos indígenas no debían participar en las elecciones.

Son retos de entidad superlativa aún vigentes. Se deben atender, sí, pero la responsabilidad es de todas y todos y no solo de las autoridades electorales.

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